Los Presupuestos, en Semana Santa

Montoro asegura que el Gobierno aprobará las Cuentas de 2018 en unas semanas y que contará con apoyos para que salgan adelante. Rajoy confima que «las reglas del juego están más o menos ya cerradas»

El Gobierno ve un atisbo de posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año después de que durante los últimos meses el PNV y Ciudadanos rechazaran prestarle los apoyos necesarios para sacarlos adelante en el Congreso. El objetivo del Ejecutivo es dar luz verde a las cuentas de 2018 antes de Semana Santa, según confirmó desde Bruselas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Horas antes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, remarcó su convencimiento de que esos apoyos inexistentes hasta ahora se producirán en poco tiempo: «Estamos buscándolos, pero seguro que los tendremos y, por tanto, saldrán adelante».

¿A qué se refirió exactamente el ministro? Aunque Montoro no fue más explícito, fuentes gubernamentales atribuyen el súbito optimismo del titular de Hacienda y de Rajoy a la confianza de que la situación política en Cataluña se desbloquee a lo largo del mes de marzo, lo que abriría la puerta a un apoyo del PNV, y al fruto que están arrojando los discretos contactos extraoficiales mantenidos por representantes del PP con Ciudadanos. Contactos que se intensificarán en las próximas semanas. «Las reglas del juego están más o menos ya cerradas», subrayó Rajoy, en referencia a esos apoyos, tras participar en una cumbre informal de jefes de Estado en Bruselas.

En el optimismo del Gobierno pesan también, según las mismas fuentes, dos circunstancias concretas. El pasado jueves, PP, Ciudadanos y PNV tumbaron juntos una proposición sobre renta mínima avalada por 700.000 firmas, conformando una alianza eventual que invita a pensar en otra más sólida de cara a respaldar las cuentas oficiales de 2018. Especialmente, tras la aprobación del particular sistema de financiación del País Vasco, conocido como «cupo».

La otra circunstancia es la confianza ciega que tiene el Ministerio de Hacienda en lograr en breves semanas acuerdos sociales con representantes profesionales cuya concreción precisaría de unos presupuestos. Se trata, básicamente, de la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con sus compañeros autonómicos, o de la negociación para la creación de empleo público, la reducción de la temporalidad y el alza salarial en la Administración.

Tras varios tiras y afloja con conatos de rebelión por parte de algunas organizaciones sindicales, la negociación avanza y ya existe una promesa firme para la equiparación, así como un principio de acuerdo para rebajar la temporalidad en el sector público al 8% en el periodo 2018-2020, la creación de más empleo y el incremento de las tasas de reposición de sectores prioritarios y no prioritarios hasta llegar en algunos casos a un porcentaje del 115%. El logro de un acuerdo final con los sindicatos y su inclusión en el proyecto presupuestario allanaría el camino al Gobierno para su aprobación, pues los partidos críticos tendrían difícil justificar su no a unas cuentas que incorporan mejoras notables para miles de ciudadanos.

Frente a la confianza expresada por Cristóbal Montoro, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, prefirió mostrarse más cauto. Tras la reunión del Consejo de Ministros, aseguró que el Ejecutivo no presentará el proyecto presupuestario de 2018 si no cuenta con apoyos suficientes. No obstante, mostró su confianza en que, finalmente, el proyecto llegue a buen puerto e hizo un «llamamiento» al resto de las formaciones políticas para que las negociaciones «lleven a un acuerdo que permita al Gobierno» presentarlos. En esta línea recordó, por ejemplo, que las cuentas son básicas para mejorar la financiación de las autonomías en una cuantía que cifró en 4.300 millones de euros.

En este sentido, el proyecto presupuestario también es determinante para aprobar una rebaja fiscal de 2.000 millones de euros que pactaron el PP y Ciudadanos. Se trata de la exención del IRPF para rentas inferiores a los 14.000 euros brutos anuales, frente al tope de 12.000 euros que existe actualmente. También incluiría una rebaja para el tramo entre los 14.000 y los 17.500 euros. De la aprobación de las cuentas de este año depende también, por ejemplo, la rebaja del llamado IVA cultural o la ampliación del permiso de paternidad.