Rebelión regional contra el «plan Aagesen» de movilidad eléctrica

Las doce comunidades gobernadas por el Partido Popular en bloque han rechazado de plano de la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica. La culpa la tiene un plan que «repite los mismos errores del pasado, sin introducir mejoras sustanciales», además de generar un «alto grado de inseguridad jurídica, que dificulta e impide su implementación». Así lo han hecho saber en un comunicado, en el que cargan contra este nuevo nuevo esquema porque «mantiene una tramitación excesivamente compleja, no contempla ayudas directas y carece de avances en la gestión administrativa, lo que se traduce en una mayor carga burocrática para las comunidades y pone en riesgo la eficacia y el alcance real del programa».

Las regiones firmantes (Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la Región de Murcia) critican que, pese a haber trasladado sus dudas y sus propuestas por carta y de forma directa al Ministerio, no han recibido una respuesta «clara ni formal» por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), lo que sigue generando «incertidumbre y preocupación». Recuerdan que el Gobierno central no ha cumplido los compromisos adquiridos hace más de un año para introducir mejoras estructurales en la gestión de estas ayudas.

Destacan especialmente que el modelo presentado por el Gobierno mantiene la continuidad de los anteriores, con el agravante que en la última propuesta se obliga a iniciar todo desde cero mediante una nueva orden de convocatoria en cada territorio, lo que implica «más carga administrativa, más retrasos» y ningún avance significativo en la implementación de un sistema de ayudas directas en el punto de venta, una solicitud compartida por las administraciones regionales y todos los actores del sector. Además, han advertido de que el planteamiento actual «no resuelve las incertidumbres jurídicas y técnicas ya detectadas» y consolida un «esquema de ayudas ineficaz».

Los gobiernos populares reclaman una aclaración formal y un posicionamiento firme por parte del Ministerio sobre las inseguridades jurídicas detectadas, «como el reparto de fondos entre territorios, el régimen transitorio entre convocatorias, el tratamiento específico de ciertos tipos de empresas o la cobertura del personal necesario para la gestión del plan». Han dejado claro en su comunicado que si no se resuelven todas estas cuestiones que imposibilitan el lanzamiento de la convocatoria, quedarían bloqueadas la concesión, pago y llegada de las subvenciones a los ciudadanos y a las empresas.

Estas comunidades han querido dejar claro que su rechazo se debe a la «falta de definición a nivel estatal», pero han vuelto a reiterar su «compromiso firme» con la transición energética y la electrificación del transporte. «Eso no ha cambiado».