Reforma de las pensiones

Escrivá castiga a los empresarios en la reforma de las pensiones: recargo a sueldos altos y el MEI sube al 1,2%

El periodo de cálculo de las pensiones sigue en 25 años o en los 27 mejores para contentar a Podemos

Lo indicaba anoche la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge: había un acuerdo "inminente" con el PSOE sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones que podría cerrarse en las próximas horas. Y así ha sido. Pero para ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha tenido que ceder en una parte crucial de sus pretensiones: la ampliación del periodo de cómputo, el número de años cotizados sobre los que se calcula la cuantía de la pensión, actualmente en 25 años.

Esos 25 años seguirán en vigor pese a que en un principio Escrivá lanzó un órdago sobre el que empezar a debatir que mostraba sus cartas: ampliarlo diez años, hasta los 35. Los sindicatos y Podemos pusieron el grito en el cielo y avisaron al ministro de que no lo iban a aceptar y de que esta ampliación no figuraba entre las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la reforma del sistema.

Escrivá rebajó sus pretensiones a 30 años descartando los dos peores de cotización en la vida laboraly finalmente, para contar con la aprobación de Podemos, se ha establecido que sigan vigentes los 25 años con la opción de que los trabajadores los amplíen a los mejores 27 de su vida laboral, para aquellas carreras profesionales no lineales.

Es decir, aquellos trabajadores que hayan sufrido los estragos desde la Gran Recesión que arrancó en 2008 y cuyas carreras se hayan visto afectadas en los últimos años con menores cotizaciones a la Seguridad Social, bien como consecuencia de empleos peor remunerados o por el desempleo, puedan acogerse a cierta flexibilización sobre los 25 últimos años cotizados para optar por un periodo de cálculo sobre los últimos 29 años cotizados, excluyendo los dos menos favorables.

Escrivá anunció ayer que tenía prácticamente cerrado con la Comisión Europea la pata de reforma de las pensiones referente a la sostenibilidad del sistema y por eso ha citado hoy a mediodía a los agentes sociales. Sin embargo, en sí misma, esta medida no garantiza la sostenibilidad del sistema ya que no supondría un recorte del gasto en pensiones. De hecho, supondrá más gasto al otorgar a los nuevos jubilados con carreras no lineales -aquellas en las que cada año se cotiza por mayor cuantía. la posibilidad de tomar los 27 años más favorables.

Este mayor gasto no tendría incidencia gracias al destope de las cotizaciones sociales. Hasta la fecha la base máxima de cotización se sitúa en el 28,3% y aquellos salarios por encima de los 4.495,5 euros mensuales no cotizan de más. El destope progresivo permitirá a la Seguridad Social engordar sus ingresos con un escenario en el que, aunque esas cotizaciones destopadas acumularán derechos por mayores pensiones en el futuro, entrarán a cobrarlas cuando el "tsunami" del gasto provocado por la jubilación del "baby boom" haya pasado allá por mediados de siglo. En este sentido, se impone una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Esta cuota será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Así pues, la reforma de las pensiones y la sostenibilidad del sistema se sostendrá vía ingresos y no por un recorte de gastos o de ambos factores, algo que se daba por descontado en periodo electoral y con Podemos afilando el colmillo para no perder más terreno tras el traspiés de la reforma de la llamada ley del "solo sí es sí".

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, cargó hoy en sus redes sociales contra la reforma de las pensiones de Escrivá, al que acusó de "voracidad recaudatoria". El también vicepresidente de CEOE, adelantaba así la posición crítica de la patronal respecto a una reforma que lo fía todo a elevar la recaudación mediante el alza de los costes laborales para las empresas, ante la subida de las bases máximas de cotización. "Todo apunta a que el incremento del coste de pensiones lo cubrirá (el Gobierno) con un fuerte incremento de las cotizaciones, poniendo en serio riesgo el empleo y la viabilidad de empresas y autónomos, a las que seguirá esquilmando", denunció el presidente de ATA.

De otra parte, los sindicatos sí darán su apoyo tras el acuerdo entre Escrivá y Podemos que diluye cualquier atisbo de recortes en el gasto en pensiones. El secretario confederal de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha asegurado este viernes que si el paquete de medidas del Gobierno va en la línea de lo publicado por los medios, el acuerdo es "posible, viable", tras argumentar que "es un gran paso y un cambio radical" sobre "la perspectiva de cuál es el problema de las pensiones".

Además, el acuerdo contempla duplicar de manera progresiva la sobrecotización actual del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), desde el 0,6% actual al 1,2%. Los empresarios pagarían el 1% y los trabajadores el 0,2% restante, según han indicado fuentes de la negociación a LA RAZÓN.

El malestar de los empresarios prosigue por la subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.