Renovar la energía y recaudar impuestos, la paradoja de las renovables

Las arcas autonómicas han encontrado un pequeño filón en las energías renovables. Son ya varios los gobiernosque han puesto en marcha diversos tipos de gravámenes sobre las infraestructuras de energía sostenible existentes en sus territorios. Curiosamente son las comunidades con superávit energético, a través de la energía eólica principalmente, como Galicia, Aragón y Castilla-León, las que están liderando esta ofensiva, aunque no caminan solas. Y lo hacen con independencia del signo político de sus respectivos gobernantes.

Lo cierto es que determinadas instalaciones renovable tienen un incuestionable impacto paisajístico y ambiental, estando en el punto de mira los parques eólicos tanto terrestres como marinos, mientras que la energía solar se considera más inocua. Por tanto parecería lógico que se busque compensar estos efectos negativos a través de cánones y tasas, pero con algunos matices.

Por un lado, no queda del todo claro el fin al cual van destinados dichos recursos, salvo excepciones. Sería deseable que esos fondos no salieran del entorno estrictamente social y medioambiental y se destinasen, por ejemplo, a acciones de protección de especies afectadas por la presencia de los aerogeneradores, o inversión en las comunidades locales que conviven con alguna instalación y se vean objetivamente perjudicadas por la misma. O a proporcionar ayudas al autoconsumo fotovoltaico, una vez eliminadas las trabas legales y fiscales del pasado.

Por otra parte, la disparidad de criterios con los que cada comunidad autónoma está implantando su propio modelo impositivo, añade aún más confusión y puede provocar agravios comparativos entre los diferentes territorios. Hay divergencias difíciles de comprender: algunas comunidades extienden dicha tasa a otras fuentes de energía como la nuclear, otras incluyen el transporte y almacenaje de electricidad, o la gestión del agua embalsada. En definitiva un modelo diferente en cada caso.

Otro aspecto que puede verse alterado es la actual concentración del parque renovable a nivel estatal. Según datos de REE, a día de hoy casi el 50% del mismo está ubicado en Andalucía y las dos Castillas. ¿Puede ocurrir que la ausencia de impuestos en la primera atraiga inversión energética en detrimento del resto? Seguramente, y también hacia otras comunidades que aún no han implantado ningún gravamen, y que van bastante por detrás en su mix energético.

Aunque desde el Gobierno se indique que dichas tasas son insignificantes comparadas con los beneficios que generan, los inversores desconfían y puede producirse una situación de incertidumbre que no beneficie a nadie. Si la intención era repartir mejor sobre el territorio la generación de energía sostenible, seguramente se va a conseguir. No obstante se corre el riesgo de desincentivar la inversión en renovables, un efecto no deseado sobre todo teniendo en cuenta la importancia del capital privado en ese ámbito. Haría bien el Ejecutivo en intentar armonizar la implantación de estas tasas, e incluso cuestionar su idoneidad, ya que supone un contrasentido que se inviertan fondos europeos para fomentar la descarbonización industrial, y a la vez se incremente la presión fiscal sobre las mismas fuentes renovables que han de aportar la solución.

Lo que no cabe duda es que estos costes adicionales repercutirán sobre el precio de la energía que finalmente tendrá que costear el ciudadano. Ya sea directamente o reflejado sobre el precio de los productos y servicios, precisamente en un país, España, con una de las cargas impositivas más altas de la UE sobre la factura eléctrica.