Retos energéticos para el Gobierno

Debería aprobar una ley de cambio climático, impulsar un pacto de Estado, avanzar en la reforma del sector eléctrico para abaratar la factura y reforzar la protección del bono social.

Impulsar un pacto de Estado, aprobar una ley de cambio climático y transición energética, avanzar en la reforma del sector eléctrico o reforzar la protección del bono social son algunos de los compromisos que alcanzaron PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Sin embargo, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene por delante un importante número de desafíos.

El Ejecutivo debe completar la reforma regulatoria, garantizando seguridad jurídica y estabilidad, con el objetivo de cerrar el ciclo de revisión y actualización de la regulación eléctrica y de hidrocarburos que se inició en 2013. También tiene que definir una nueva política energética. Y la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere una definición del papel de las distintas energías y tecnologías en el mix. No se puede posponer por más tiempo el debate sobre el papel de las renovables, la energía nuclear y el gas a largo plazo, como medio de reducir las emisiones contaminantes.

Respecto al papel de la energía nuclear, ha llegado el momento de tomar algunas decisiones que requieren un planteamiento político. Cinco años después de la designación de Villar de Cañas (Cuenca) como sede del ATC de residuos nucleares, su futuro continúa en el aire. La construcción del ATC es un asunto enquistado que requiere una solución urgente. Y Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, piensa que la actuación de los políticos castellanomanchegos ha sido lamentable. Asimismo, en los próximos cinco o seis años las centrales nucleares en activo plantearán el alargamiento de su vida útil.

Nadal ha de hacer frente a otros retos, como el tratamiento regulatorio del autoconsumo, la mejora de la calidad del aire en las ciudades o la eliminación de las distorsiones de los precios de la electricidad. Y es que el abaratamiento de la energía resulta uno de los principales factores para la competitividad de las empresas. No obstante, Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español de la Energía (Enerclub), asegura que los retos europeos en los diferentes horizontes temporales (2020, 2030 y 2050) o los que se puedan derivar del Acuerdo de París sobre lucha contra el cambio climático logrado en la COP21, sin olvidar las previsibles acciones comunitarias en busca del mercado único de la energía, las medidas en materia de seguridad energética o las interconexiones son los principales desafíos. En particular, resalta los relacionados con la búsqueda de una economía descarbonizada.

Aunque la elaboración de una política energética para alcanzar el deseable modelo para el futuro necesite previsiones de la demanda lo más realistas posible a los horizontes temporales definidos, «no debe olvidarse que el consumidor tiene que ser el eje central y parte activa de las políticas energéticas», apostilla Gutiérrez.

Ley de Cambio Climático

Si el nuevo Gobierno no quiere incumplir uno de los acuerdos de investidura, debe aprobar una ley de cambio climático y transición energética que regule de forma coherente y estable las políticas que afectan al clima y que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima COP21. PP y Ciudadanos se comprometieron a impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética y a reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Nadal defiende que España debe apostar por volver a crecer en energías renovables tras haber alcanzado la rentabilidad del sector eléctrico. Por ello, revisará la actual normativa sobre autoconsumo y el conocido como «impuesto al sol». En este sentido, la Comisión Europea aprobará en apenas unos días una reforma de la legislación energética para garantizar que la UE cumpla sus objetivos de electricidad renovable: 27% de la potencia instalada en 2030. Así, los países miembro deberán permitir que los hogares o particulares que practican el autoconsumo puedan vender los excedentes de manera individual o colectiva sin enfrentarse a procedimientos de autorización desproporcionados ni sufrir cargas que no sean ajustadas a los costes.

El cambio de modelo no puede realizarse de la noche a la mañana. Gutiérrez considera necesario establecer un calendario progresivo y ordenado para alcanzar los objetivos, que tenga en cuenta cómo sacar el máximo provecho de la situación actual mientras el actual modelo energético se encamina hacia otro menos emisor, más seguro y más competitivo.

El camino emprendido hacia ese futuro modelo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero es imparable. Y el sector es consciente de que suministrar energía con menos emisiones no es una opción, sino una necesidad. No obstante, la propia Agencia Internacional de la Energía apunta que la señal colectiva enviada por los gobiernos en sus compromisos climáticos indica que los combustibles fósiles, en particular el gas natural y el petróleo, seguirán siendo la base del sistema energético mundial durante muchas décadas.

La transición energética, en la práctica, significa el abandono de los combustibles fósiles. Pero éstos son insustituibles a corto plazo para la generación de electricidad. Por ello, la transición consistiría en dar un vuelco a la realidad tecnológica y económica de los sectores energéticos, de otros industriales y del transporte. Mielgo recalca que antes de iniciar una transición es necesario saber hacia dónde ir, cuánto costará y quiénes serán las víctimas. En cambio, «lo único que sabemos es que las decisiones que se tomen serán irreversibles o, en el mejor de los casos, reversibles con un coste elevadísimo». El presidente de NGC Partners reitera que la transición puede parecer atractiva desde algunos puntos de vista, pero que dista mucho de estar madura como para convertirla en objeto de decisiones políticas. «Y menos con la precipitación y ligereza con que algunos la presentan», agrega.

Respecto a los combustibles fósiles y a los gases de efecto invernadero, Mielgo insta a tener en cuenta que el desarrollo de nuevas tecnologías es un proceso lento y costoso. No basta con identificar tecnologías interesantes, sino que han de ser competitivas. Así, piensa que se debería reducir el uso de combustibles fósiles en la medida en que se dispongan de alternativas que aporten el mismo valor, no sólo en coste, sino en otros sentidos, como en lo que se refiere a la seguridad de suministro.

Mielgo afirma que el gas natural reúne condiciones que lo hacen un combustible adecuado para la ansiada transición. «Es abundante y barato, y las perspectivas de precios a medio plazo parecen estables y moderadas. Es mucho más limpio que los combustibles líquidos o el carbón, y es bastante versátil, ya que puede utilizarse en muchos procesos industriales, en los usos domiciliarios y en el transporte». Por ello, el presidente de NGC Partners destaca que la problemática de la contaminación en las ciudades, sobre todo por óxidos de nitrógeno y partículas sólidas, hace del gas el combustible ideal para sustituir a cualquier otro en los usos domésticos. Y apostilla que «promover el uso racional del gas debe ser parte integrante de cualquier política energética sensata».

Pacto de Estado

PP y Ciudadanos se comprometieron a llegar a un Pacto de Estado por la energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto, según sus firmantes, ha de dotar al sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales.

En este Pacto tendrían que abordarse los objetivos principales de la política energética (estabilidad regulatoria, seguridad de abastecimiento, contención de precios, respeto al medio ambiente sin caer en extremismos costosos ni en soluciones creativas pero inviables), dejarse las decisiones sobre la energía nuclear a criterios técnicos y no ideológicos, eliminarse las distorsiones de precios y mercados, o defender en Bruselas los intereses de España y no las agendas de los grupos políticos nacionales o europeos.

Mielgo sostiene que lo importante es que, en algunas cuestiones clave, los partidos políticos consigan alinearse a favor de los intereses de España y ponerse de acuerdo en objetivos y principios. Gutiérrez, por su parte, asevera que las grandes cuestiones energéticas requieren compromisos a largo plazo para los que son imprescindibles el diálogo y el consenso entre la Administración, los agentes y los consumidores. El director general de Enerclub urge a reflexionar de forma profunda e integral en materia energética, y contar así con un acuerdo de Estado que garantice su puesta en marcha. En este sentido, piensa que definir el adecuado tratamiento de la potencia eléctrica instalada de nuestro parque generador mientras avanzamos hacia el nivel de participación de las tecnologías renovables al que Europa se ha comprometido, así como su forma de provisión y de contar con energía de «back up» suficiente y todo ello dentro de un modelo económico competitivo, entre otras cuestiones, resulta prioritario.

Gutiérrez también cree que hay que comenzar a definir nuestra postura relativa al papel que jugará el carbón a futuro, la vida útil de las centrales nucleares y cómo se cubriría la energía que nos proporcionan estas tecnologías en caso de ser sustituidas. De igual modo, ve relevante garantizar el crecimiento ordenado de la generación distribuida, definir su contribución económica al sistema y la manera de aprovechar las avanzadas tecnologías existentes en el ámbito del petróleo y el gas.

Estabilidad regulatoria

Teniendo en cuenta los largos periodos de implementación de los proyectos y el retorno de las inversiones, la regulación del sector energético resulta crucial. Gutiérrez declara que debe ser estable y predecible para aportar seguridad jurídica al sistema en sí mismo. Y es que las inversiones en activos energéticos consumen mucho capital y se amortizan a largo plazo, por lo que tienen que contar con una seguridad jurídica y estabilidad regulatoria que, además, reduzcan de manera sustancial sus costes.

El sector energético necesita más inversión por unidad de producto –o por euro producido– que otros, lo que requiere atraer inversores que, lógicamente, esperarán retornos estables. En ausencia de estabilidad regulatoria a largo plazo y de seguridad jurídica, «los inversores no acudirán a las empresas o proyectos energéticos o trasladarán la inseguridad y la incertidumbre al precio. Es decir, al coste de la financiación». Mielgo remarca que para captar capitales es necesario evitar vaivenes regulatorios, acertar en el diseño de las normativas y aplicar doctrinas homogéneas y constantes en unos y otros sectores. «La imagen negativa de un sector perjudicará también a los demás. Nadie creerá que un país va a tratar bien en el plano jurídico y regulatorio a un sector si maltrata a otro», añade.

Compromisos internacionales

España está obligada a cumplir los compromisos que adquiere en virtud de acuerdos internacionales de distinta naturaleza. En particular, los derivados de su pertenencia a la UE. Pero algunos de esos acuerdos no siempre afectan por igual a todos los estados miembros. Quizá por una postura acrítica y poco activa ante los dictámenes comunitarios; quizá por la división interna entre los partidos, que no defienden unánimemente el interés nacional en el Parlamento Europeo; quizá por no negociar con más dureza, España ha aceptado decisiones que han resultado muy onerosas. Por ello, Mielgo opina que el Gobierno debería tomarse en serio la adopción de posturas negociadoras más fuertes en Europa, sin aceptar normas que tratan por igual a países que tienen condiciones claramente desiguales y que suponen cargas inadecuadas o carentes de equidad. Y también pone de relieve la necesidad de que «los eurodiputados de los distintos partidos se tomen en serio el interés nacional, y no voten por el simple prurito ideológico, que sólo sirve para dañar nuestros intereses y nuestra reputación».