El juez no ordena la busca y captura de Ruiz Mateos al aceptar la documentación médica

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, donde ayer estaba previsto un juicio contra José María Ruiz Mateos, ha dado por válida hoy la documentación aportada por el empresario que acredita su ingreso hospitalario en Madrid, por lo que el juez no ha ordenado su busca y captura.

El juzgado tuvo que suspender ayer la vista oral por la ausencia de Ruiz Mateos, acusado de dos delitos fiscales, y advirtió a la defensa del empresario de que debía presentar antes de las tres de la tarde la documentación que acreditase que el acusado no podía asistir al juicio por su ingreso en un hospital o dictaría una orden de busca y captura contra él.

El letrado del empresario jerezano presentó en plazo una copia de la documentación que acreditaba el ingreso de Ruiz Mateos en la Unidad Coronaria de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, escrito que hoy el juez ha dado por válido, por lo que no ha ordenado la busca y captura.

El juzgado ha solicitado al centro hospitalario la causa del ingreso del acusado y le ha pedido que le avise en el momento en el que den de alta a Ruiz Mateos para poder citarle el 20 de octubre, fecha en la que se ha vuelto a señalar el juicio, al que también deberán asistir el hijo del empresario José María Ruiz Mateos Rivero y otra mujer, E.S.C., acusados también de dos delitos fiscales.

La fiscalía ha solicitado para el empresario jerezano y para su hijo diez años de prisión para cada uno por dos delitos contra la Hacienda Pública y una multa de 47 millones de euros, también para cada uno por el fraude fiscal.

Para la otra encausada, el ministerio público ha pedido ocho años de prisión como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales y 32 millones de euros de multa.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal ha considerado que Ruiz Mateos y su hijo utilizaron en 2009 a una empresa inmobiliaria vallisoletana para una operación mediante la que cometieron, supuestamente, dos delitos de fraude fiscal que rondan los ocho millones de euros.