Sacyr paraliza las obras del Canal de Panamá por impago de sobrecostes

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, anunció hoy que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactados inicialmente en el contrato.

Encauzada la resolución del conflicto entre España y Argentina a cuenta de la expropiación a Repsol de YPF, en los próximos días podría abrirse otro frente al otro lado del Atlántico, ahora con Panamá. Desde 2009, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que participa la constructora española Sacyr Vallehermoso, viene trabajando en las obras para la construcción de la tercera esclusa del Canal de Panamá, un proyecto que se adjudicó por 3.118 millones de dólares en asociación con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la compañía local Constructora Urbana. Sin embargo, en tres semanas, los trabajos, ejecutados ya en un 64%, podrían detenerse. El consorcio ha remitido una carta a la Autoridad del Canal (ACP) en la que, acogiéndose a la subcláusula 16.1 de las condiciones de construcción, le da un ultimátum: o en tres semanas la ACP paga los 1.600 millones de dólares –1.200 millones de euros– en sobrecostes que el GUPC le reclama, o las obras serán interrumpidas.

Desviación

Según explicó ayer el consorcio, en los últimos meses ha tratado de reunirse «al más alto nivel» para solucionar los «grandes problemas financieros que están afectando al proyecto» por los sobrecostes generados debido a los «eventos imprevistos» que, según Sacyr y sus socios, ocurren «de manera habitual en proyectos de esta envergadura» y que, en este caso, son responsabilidad del empleador.

El consorcio presentó en 2012 una reclamación por 585 millones de dólares porque, según su versión, la obra sufrió sobrecostes debido al rechazo reiterado de los técnicos del Canal de la mezcla de cemento para las esclusas. Esa reclamación fue rechazada por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB) prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia y quedó como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional. En diciembre, el GUPC presentó otra reclamación, por 850 millones de dólares, que la ACP aseguró tomaría bastante tiempo resolver debido a la complejidad de la misma.

A pesar de que, según el consorcio, se llegó a ciertos acuerdos entre ambas partes, «el administrador –Jorge Quijano– ha decidido no honrar dichos acuerdos». Ante la negativa de la ACP a sufragar estos sobrecostes, y acogiéndose al contrato y las leyes panameñas, el contratista ha decidido cursar el sobreaviso de suspensión de obra.

La tensión entre ambas partes se había recrudecido en las últimas semanas hasta tal punto que la ACP amenazó a Sacyr con tomar el control de las obras si no se ajustaba el contrato. El escenario de reclamaciones judiciales que se puede abrir si las obras se paran es incierto, pero como dicen fuentes de la empresa española, «lo que está claro es que, si Panamá quiere concluir las obras, va a tener que poner el dinero que falta. Si nos lo dan a nosotros, es evidente que las acabaremos antes porque las conocemos». La fecha prevista para concluirlas es junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado.

El órdago de GUCP no ha tenido, por el momento, efecto alguno en la ACP. El organismo que gestiona el Canal rechazó de manera «categórica las presiones» del consorcio internacional encargado de la ampliación de la vía, para negociar «fuera del contrato» los sobrecostes. «No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron», aseguró en un comunicado de la autoridad panameña que cita declaraciones de su administrador.

Quijano reiteró que, de no cumplirse lo firmado en los contratos, completarán la obra por sus propios medios y dejó poco margen para cualquier negociación. Las cláusulas contractuales «que fueron aceptadas al momento de la firma por GUPC» establecen «claramente tres instancias de resolución» de reclamos, dos de las cuales «son decididas por terceros», destacó la autoridad panameña.