Sin-afiliados

Los sindicatos vuelven a reivindicar en la calle su forma de hacer política, pese a haber perdido más de 1,1 millones de afiliados desde el comienzo de la crisis. CC OO y UGT quieren cobrar por intermediar en los convenios colectivos

El difícil equilibrio político que ha permitido la formación de Gobierno parece haber envalentonado a los sindicatos, que ven en la necesidad de pactos una ventana abierta para reivindicar en la calle lo que no se pueda conseguir en el Parlamento. Y es que el poder de los sindicatos va reduciéndose año tras año. Si en 2007, justo antes del inicio de la crisis económica, las principales centrales sindicales sumaban 2,894 millones de afiliados, en 2015 superan por poco los 2,1 millones. La crisis ha reducido en 1,1 millones su número, lo que equivale a hablar de un desplome del 33,66%.

Las centrales CC OO y UGT están planteando a varias comunidades autónomas la posibilidad de comenzar a cobrar subvenciones por su intermediación en la negociación de los convenios colectivos. Ambos sindicatos han preparado dos borradores a tal fin en La Rioja y Murcia, ambas gobernadas por el Partido Popular, según han revelado fuentes sindicales a este diario. La intención es ampliar esta reivindicación a todas las regiones, así como al Ministerio de Empleo, al que se le va a reclamar el coste de «identificar» las necesidades de formación en cada sector productivo.

La intención de los agentes sociales es aprovechar la situación política con ausencia de mayorías para tratar de recuperar parte de la financiación perdida. La pelea, según las mismas fuentes, está en dos frentes. Por un lado, los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, pretenden que Empleo abra la mano de las subvenciones a la formación que recibían del Estado y que han perdido con la reforma del sistema. Representaron 75 millones en 2014. Las centrales buscan que las regiones les transfieran fondos con los que equilibrar sus cuentas a cambio de dejar pasar la utilización que éstas hacen de los fondos transferidos a formación para otras finalidades. Según los últimos datos que manejan los sindicatos, de los fondos de la cuota 2013 transferidos a las comunidades autónomas, 486 millones de euros no se dedicaron a formación. En 2015, la falta de convocatoria de oferta estatal impidió, según CC OO y UGT, que se realizaran cursos por valor de 148 millones y el mal comportamiento de la formación bonificada hizo retornar a las arcas del Estado 82 millones más.

Se trataría de que el Estado compense la participación sindical en las mesas de negociación en las que tiene que estar por mandato constitucional y que, hoy por hoy, costea sólo con las cuotas de sus afiliados y no tanto de recuperar los fondos perdidos a la formación, pese a que los agentes sociales defienden que gracias al anterior sistema se pasó de los 300.000 alumnos de 1993 a los más de cuatro millones y medio del último año y la tasa de participación en formación continua de las empresas aumentó del 27% al 75%, situándose por encima de la media europea. UGT calcula que el gasto en estas mesas para negociar los convenios colectivos asciende a entre 35 y 40 millones de euros anuales.

Formación por concurso

Con el nuevo sistema puesto en marcha hace dos años, los agentes sociales –incluidas las patronales–, que también presionan para que Empleo dé marcha atrás, ya no forman parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de subvenciones y tampoco reciben fondos de formación directamente. Las subvenciones se adjudican ahora en concurso público de libre concurrencia entre las distintas empresas dedicadas a impartir los cursos de formación profesional demandados por los distintos sectores, una tarea de identificación en la que sí intervienen patronales y sindicatos.

Sin embargo, aún se producen adjudicaciones de ayudas directas a la formación en las regiones. Algunos sindicatos han denunciado que varios de los convenios en teoría destinados a la formación para el empleo consisten en una transferencia directa de fondos públicos de los servicios regionales de empleo para que UGT y CC OO paguen la nómina de sus liberados sindicales. En este sentido, el Gobierno de Navarra ha renovado este año 24 convenios directos de subvención con UGT, CCOO y la Confederacion de Empresarios de Navarra (CEN) a través del Servicio Navarro de Empleo (SEN), por un montante total de 9,5 millones de euros, bajo la apariencia de acciones destinadas a la formación y la inserción laboral. El sindicato nacionalista ELA ha denunciado que en al menos cuatro de estos convenios aparece una relación de liberados sindicales de UGT y CC OO con el detalle del porcentaje de su nómina que está sufragado directamente del Presupuesto de Navarra. Estas subvenciones directas se destinan sobre el papel a la orientación, intermediación e itinerarios de empleabilidad de unas 10.000 personas desempleadas. El gobierno regional, que desmiente que se trate de ayudas directas, remarca que este año ha eliminado 3,9 millones de subvenciones a CC OO y UGT destinadas a formación para otorgarlos en concurso público y abierto. Ante la pérdida de estos ingresos, centrales y patronales están extendiendo la fórmula que plantean al Ministerio de Empleo.

Sin líneas rojas

En este contexto, en plena negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, Toxo y Álvarez han planteado una semana de protestas que culminan hoy con una gran marcha en Madrid. El pretexto es forzar al Gobierno a que retire sus «líneas rojas» de la mesa de negociación –mantener el grueso de la reforma laboral y el cumplimiento del déficit– aunque el trasfondo, según las fuentes consultadas, no es otro que recuperar subvenciones a cambio de moderar la conflictividad.

Marcha por el diálogo social

CC OO y UGT culminarán hoy en Madrid su campaña de movilizaciones para protestar por los límites impuestos por el Gobierno al proceso de diálogo social, tras celebrar más de 60 concentraciones y manifestaciones en toda España durante esta semana. Bajo el lema «Las personas y sus derechos, lo primero. Defiéndelos», los sindicatos piden un diálogo social abierto y con contenidos y no una negociación «de cartón piedra», como la que denuncian que hasta ahora han tenido con el Gobierno. La protesta tiene por objetivo «exigir más y mejor empleo», salarios «dignos», pensiones «suficientes y sostenibles» y una renta mínima contra la pobreza y la desigualdad.