Transporte
Madrid impone 1.000 sanciones a Cabify y Uber este año
Fomento quiere policías especializados para proteger al taxi en las ciudades frente a los VTC
Se controla, y mucho, que los servicios se presten conforme a la ley. Esa es la conclusión que cabría extraer de las inspecciones que, al menos en Madrid, el Gobierno regional hace a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con los que operan plataformas como Uber y Cabify.
Se controla, y mucho, que los servicios se presten conforme a la ley. Esa es la conclusión que cabría extraer de las inspecciones que, al menos en Madrid, el Gobierno regional hace a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con los que operan plataformas como Uber y Cabify. Según fuentes oficiales, en lo que va de año, la comunidad, encargada de las inspecciones, ha realizado 5.000 controles a este tipo de vehículos y ha impuesto 1.000 sanciones por captación irregular de clientes. Según establece la ley, los coches de Uber o Cabify no pueden captar clientes en la vía pública como los taxis. Sólo están autorizados a realizar los servicios previamente contratados a través de sus respectivas aplicaciones.
La captación irregular de clientes es uno de los motivos que han levantado en armas al sector del taxi, que esta semana se ha manifestado porque, a su juicio, los VTC no cumplen la ley. Su otra gran reivindicación es que se cumpla la ratio legal de que por cada licencia VTC haya 30 de taxi, proporción que no se cumple, con casos extremos como el de Madrid, Navarra o Castilla y León, donde por cada autorización para estos vehículos apenas hay siete de taxi. Si la ratio está lejos de cumplirse no es porque no esté perfectamente delimitada por ley y porque las administraciones competentes, las comunidades, estén concediendo más permisos.
El problema estriba en el vacío legal que se creó entre los años 2009 y 2013. En el primero, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Omnibus, que liberalizó el sector y eliminó la ratio de licencias 1/30. En la práctica, sin embargo, las comunidades autónomas la siguieron aplicando, explican fuentes del sector. En 2013, la Ley Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) reintrodujo la proporción. En esos cuatro años, miles de licencias fueron denegadas por las comunidades, pero ahora están siendo autorizadas en los tribunales dando cumplimiento a la Ley Omnibus, lo que ha terminado por dinamitar la proporción 1/30. En este momento hay 5.928 licencias VTC en toda España por las 65.670 de taxi. Para cumplir el contingente 1/30 tendría que haber 2.188. En los meses, advierten fuentes oficiales, la ratio empeorará todavía más porque hay miles de licencias solicitadas entre 2009 y 2013 a las que los tribunales darán casi con toda seguridad luz verde. Lo peor para los intereses del taxi es que, como reconocen estas fuentes, más allá de redoblar las inspecciones, nada se puede hacer para reducir el número de VTC que circulan por las calles y detener los que vendrán. De cara a mejorar estos controles, Fomento se reunirá el martes con comunidades y ayuntamientos para exponer sus ideas para mejorar la inspección. Entre ellas está la posibilidad de instruir a policías para que puedan realizar las inspecciones de forma autónoma. Ahora son inspectores los que sancionan conductas ilegales, aunque requieren de la compañía de un policía, que es el único facultado legalmente para detener un vehículo. Se busca que esos agentes tengan la información para detener, inspeccionar y, en su caso, iniciar el procedimiento sancionador si fuera necesario.
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