Un antiguo paraíso fiscal que se resiste a dejar de serlo

Cuando alguien está media vida haciendo lo mismo, no es de extrañar que le cueste cambiar su quehacer diario de buenas a primeras. En las últimas décadas, Andorra ha obtenido gran parte de su riqueza gracias a su condición de paraíso fiscal, que le ha permitido atraer capitales de extranjeros que buscaban evitar la alta tributación de sus países de origen. Laxitud fiscal y opacidad bancaria han sido las señas de identidad de este micropaís de 71.000 habitantes cuyo sistema financiero representa el 18% del PIB y que maneja unos 41.000 millones de euros.

Años de prosperidad, que, sin embargo, se vinieron abajo con la crisis. Los paraísos fiscales se convirtieron en objetivo de los países desarrollados por considerarlos un sumidero de recursos públicos y la inexpugnable coraza de su secretismo se empezó a resquebrajar. En 2009, a instancias de la OCDE, Andorra firmó un compromiso para intercambiar información sobre los clientes foráneos de sus bancos. Dos años después, abandonó la lista de estos territorios al entrar en vigor el acuerdo de intercambio de información fiscal con España. El tiempo y acontecimientos como el escándalo de los Pujol, sin embargo, han demostrado que en la práctica lo sigue siendo.

Algunos de los usos propios de estos territorios siguen vigentes en Andorra. El más evidente, el secreto bancario. La opacidad persiste porque el intercambio de información se limita a procedimientos penales o tributarios y sólo se puede pedir en casos concretos «si se está investigando a un individuo porque haya indicios de que ha cometido un delito grave como blanqueo de capitales, pero no por fraude, ya que este delito no está tipificado como tal en los paraísos. Allí no se persigue a los que han llevado su dinero para evitar la tributación de sus países de origen», explica José María Mollinedo, portavoz de los técnicos de Hacienda (Gestha). La mayoría de los que depositan su dinero lo hacen en cuentas cifradas, que tienen un coste anual de unos 500 o 600 euros, aunque no se paga nada al erario público andorrano, y que garantizan el anonimato del depositante al ser cifradas. Andorra no suministra de forma generalizada los datos fiscales de los contribuyentes de otro Estado para investigar posibles prácticas de fraude o evasión fiscal. La situación, en teoría, cambiará en 2017 o 2018, cuando el convenio suscrito con España para el intercambio automático de información de forma generalizada entre en vigor.

Hasta que eso suceda, aquellos españoles que no se vean envueltos en investigaciones podrán seguir llevando su dinero a Andorra para beneficiarse de su escasa tributación. Dada su proximidad, el trasiego de dinero en efectivo –un máximo de 10.000 euros por viaje– sigue siendo una práctica habitual, según Mollinedo. Pero no es la única. Otro de los sistemas empleados durante años ha sido establecer la residencia en Andorra. Para obtener la residencia pasiva en el país, se exige a los solicitantes que hagan una inversión en activos, ya sean muebles o inmuebles, por 400.000 euros, 30.000 de los cuales se depositan en el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF). La contraparte es que, en el caso de España, hay que demostrar que se ha residido al menos 183 días en otro país para justificar el pago de impuestos en el mismo.

Así va el dinero a Andorra

Maletines

Dada su proximidad a España, muchos optan por llevar el dinero en metálico. El límite que se permite es de 10.000 euros por viaje.

Residencia fiscal

Los que quieren beneficiarse de su laxitud fiscal establecen allí su residencia. España exige a sus ciudadanos que vivan allí 183 días para no reclamar los impuestos.

Intermediarios

La banca andorrana tiene intermediarios a los que se pueden entregar los fondos para que los haga llegar a Andorra.