Un código para «blindar» de las agresiones a los vigilantes del SER

Los controladores podrán preservar su anonimato en las multas para protegerse de los conductores. Se identificarán con un número y no con su nombre como hasta ahora. En 2017 sufrieron más de 200 agresiones.

Más del 60 por ciento de los trabajadores del SER son mujeres
Más del 60 por ciento de los trabajadores del SER son mujeres

Los controladores podrán preservar su anonimato en las multas para protegerse de los conductores. Se identificarán con un número y no con su nombre como hasta ahora. En 2017 sufrieron más de 200 agresiones.

«Se envalentonan, nos han metido la multa por entre los botones de la camisa, nos amenazan y también nos pegan». Éste es, según el testimonio de una de sus integrantes, el día a día de los 900 profesionales que recorren las calles de Madrid «armados» con un dispositivo electrónico para registrar las infracciones que cometen los conductores en las zonas cuyo aparcamiento está regulado por el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

El gremio de vigilantes que se dedica a controlar que los coches estén debidamente estacionados en las zonas azules y verdes de la capital es uno de los colectivos que más denuncias presenta por ataques durante su jornada de trabajo. «Denunciamos las agresiones, pero no se pueden considerar violencia machista», lamenta Eugenia Pillado, representante del sindicato UGT en este colectivo de vigilantes en el que, asegura, el 90 por ciento de las víctimas de estas agresiones son mujeres. Ellas son entre el 60 y el 70 por ciento de la plantilla; hace unos años eran el 80 por ciento, y aseguran y denuncian que es precisamente su sexo lo que les convierte en objetivo principal de las iras de conductores malhumorados. «Agresiones tiene todo el colectivo, porque recibir multas no es agradable para nadie, pero nosotras las sufrimos más», explica la vigilante que cifra el número de agresiones que padecieron sus compañeros a lo largo de 2017 en más de 200.

Aunque para el Ayuntamiento de Madrid reducir a cero estas agresiones resultaría muy complicado, para tratar, al menos, de minimizarlas y poder garantizar la seguridad de estos profesionales contratados de forma externa por el consistorio, los controladores del SER ya no se identificarán más con sus datos personales sino con un número identificador. Es la última novedad que se incluirá en la próxima ordenanza de Movilidad, según confirmaron fuentes de este área del Ayuntamiento de Madrid y que se aprobará en unas semanas. Una portavoz de este Área, que dirige la edil Inés Sabanés, confirmó a este diario que, tras consultarlo con el Ministerio del Interior, será una clave y no su nombre real, lo que identifique a estos trabajadores ante posibles conflictos con los ciudadanos.

Amenazas en sus domicilios

El Ejecutivo de Manuela Carmena trata de ofrecer con esta medida una herramienta para conservar el anonimato de estos empleados municipales y así evitar, en la medida de lo posible, el acoso al que muchas veces se ven sometidos estos profesionales que incluso han recibido amenazas fuera de su trabajo por parte de conductores para «vengar» una multa que consideran mal puesta.

Cualquiera de los conductores a los que sancionan cada día pueden tener acceso a sus datos personales, ya que los expedientes de infracción que tramitan llevan su nombre completo. Esta circunstancia ha propiciado que, en algunos casos, infractores enfadados se hayan incluso presentado en sus domicilios. Afortunadamente, con la aplicación de la futura ordenanza, esto ya va a cambiar con esa clave de identificación que les va a permitir trabajar de forma anónima de cara a los infractores, pero la realidad es que hasta que esta circunstancia cambie, este hecho es para ellos un verdadero infierno.

Los encargados de velar por el cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad en las zonas SER de la capital explican que son excepcionales las jornadas en las que regresan a casa sin que nadie les haya proferido insultos en el ejercicio de su labor profesional, unas agresiones verbales que no pueden denunciar porque son contados los casos en los que consiguen presentar pruebas de lo que les ha pasado. «Sólo acudimos a denunciar cuando tenemos peligro físico o en caso de agresión inminente», explica Pillado, aunque siempre necesitan contar con un testigo para hacerlo. Para ello, en primer lugar tiene que existir alguien que presencie la agresión y muchas veces, aunque las hay, no siempre es fácil contar con su colaboración.

También relata que se han dado casos en los que, a pesar de presentar un parte de lesiones, el juez ha acabado absolviendo al conductor que les ha agredido en el transcurso de la trabajo tras presentar otro parte del médico.

Pillado relata también que una compañera tuvo que aguantar una llamada a su casa, en plena hora de la comida: «Soy el que has multado por la doble fila, te voy a matar, eres una hija de puta», le dijo un hombre al otro lado del teléfono. En este caso la persona que ejerció la amenaza contra la vigilante no fue condenado por la justicia porque, aunque la policía consiguió identificar la procedencia de la llamada, nunca se pudo probar el contenido de la misma. La representante de los vigilantes del SER asegura que estos casos son habituales. Explica que otro compañero se encontró en su portal a un chico cuando se disponía a sacar a su perro. Resultó ser el hijo de una conductora a la que había multado y que estaba en su domicilio para reclamarle, de «muy malas formas», los 90 euros de sanción que había tenido que pagar por la infracción.

El ansiado reconocimiento

Su principal problema está en que estos efectivos no están considerados agentes de la autoridad y su palabra no tiene más valor ante la Justicia que la que da un automovilista o cualquier otro ciudadano. Sus agresiones «salen muy baratas» para el que las comete y sin embargo son muy difíciles de probar para el que las sufre. El colectivo lleva tiempo reclamando que les otorguen la calificación de agente de la autoridad porque a su juicio «no tenerla nos deja indefensas». Sin embargo, según explican desde el Ayuntamiento de Madrid, no se les puede otorgar porque no son funcionarios. Son empleados de una empresa privada a la que el consistorio le ha adjudicado la vigilancia del SER. Sí están considerados agentes de la autoridad, sin embargo, los agentes de Movilidad (enfrentarse a ellos tiene las mismas consecuencias que hacerlo a un policía), los profesores de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid desde 2009 y los profesionales sanitarios. Agredirles en su caso está considerado «atentado contra agente de la autoridad» y está penado con hasta cuatro años de prisión. Se trata de colectivos muy vulnerables porque están expuestos a diario a los «enfados» de los ciudadanos y la única forma de hacer que se les respete es otorgarles esta condición. Pero en el caso de los controladores del SER «al no haber opositado, no se les puede dar esa protección», explican desde el consistorio.

De hecho, tanto en la Educación como en la Sanidad se da la paradoja de que en la esfera pública (colegios y hospitales públicos) sí están «protegidos» con ese estatus de autoridad, mientras que en la privada no.

Los empleados del SER explican que las agresiones no se dan en todos los barrios de la ciudad. Hay zonas más conflictivas en las que el número de agresiones es mayor. El gremio de vigilantes tiene perfectamente localizadas los barrios en las que han sufrido más ataques: «Los barrios del lote 1 y 2, entre La Paz y Avenida de América, son los peores», relata la vigilante. Dentro de estas zonas, Ventilla y el Barrio del Pilar acaparan los primeros puestos en la estadística de agresiones de los integrantes del SER.

La contaminación eleva los ataques

Vigilante del SER y protocolo de contaminación activado son los ingredientes perfectos para un cóctel que termine en agresión. Así lo denuncian miembros de este colectivo que, explican, que los conductores se ponen más agresivos y no atienden a razones cuando se activa el plan que impide a los no residentes aparcar en las zonas reguladas con parquímetros. Han comprobado que los ataques que sufren se incrementan en los días en los que está activo este el llamado nivel 2 del protocolo anti contaminación del Ayuntamiento que el pasado año tuvo que activarse en siete ocasiones. En estos casos el consistorio prohibe aparcar en toda la zona controlada por el SER: Los parquímetros no funcionan por tanto el no-residente que estaciona no puede siquiera sacar un tique. Los controladores multan en este caso a todos los vehículos sin distintivo de residente aparcados en la almendra central.