Pensiones: el Gobierno desoye al Banco de España

El Gobierno mantiene que desligar las pensiones del IPC es “insostenible”

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha advertido hoy de que no revalorizar las pensiones conforme al IPC es “insostenible” socialmente y, por tanto, políticamente. “La Constitucion dice que las pensiones tienen que ser suficientes y dignas y no pueden perder poder adquisitivo”, ha dicho la ministra al ser preguntada por las advertencias del Banco de España sobre el coste de esta medida.

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El director general de Economía y Estadística del Banco de España (BdE), Óscar Arce, pidió ayer "reformas de calado"para garantizar la viabilidad social y financiera del sistema público de pensiones y advirtió de que "previsiblemente"se requerirán "ajustes tanto por el lado de los ingresos como de los gastos".

Para el Banco de España, el deterioro presupuestario de la Seguridad Social en los últimos años se debe, sobre todo, a "un aumento muy significativo del gasto en pensiones contributivas". Entre 2007 y 2018 se pasó de un desembolsó equivalente al 7,4% del Producto Interior Bruto (PIB) al 10,6%: es decir, casi 40.000 millones de euros más.El factor demográfico es la razón fundamental y "seguirá presionando al alza en las próximas décadas". De hecho, la población mayor de 65 años pasará en 30 años del 30% actual a una horquilla de entre el 50% y el 70%, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

De esta forma, la actual evolución demográfica implicaría un aumento del gasto en pensiones de hasta 7,2 puntos del PIB en el año 2035 y de hasta 13,6 puntos en 2050, en los escenarios más desfavorables. Esto supondría, con el PIB actual, 163.000 millones de euros adicionales. Sumados a los 153.000 millones que ya se gastan actualmente, la partida de las pensiones superaría los 300.000 millones de euros.No obstante, será aún más, ya que el PIB de 2050 será previsiblemente muy superior al actual.

El banco central gobernado por Pablo Hernández de Cos cree que esta situación se agravará aún más si se vuelven a vincular de forma permanente las pensiones al IPC, tal y como pretende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, Valerio ha preferido esquivar esta cuestión y ha aprovechado para cargar contra el Índice de Revalorización "que se inventó el PP", que limita la subida anual de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit como la actual, y ha recordado que el propio PP tuvo que rectificar en 2018 dicho índice al comprobar que las subidas del 0,25% eran insostenibles social y políticamente.

En consecuencia, ha insistido, las pensiones tienen que subir con el IPC porque deben ser suficientes, dignas y mantener el poder adquisitivo. Además, ha afirmado que “en vez de mensajes catastrofistas”, como los lanzados por algunas instituciones, deben transmitirse mensajes de confianza en el sistema público de pensiones, un sistema que “lleva décadas funcionando” y que se ha ido reformando en el tiempo para hacerlo sostenible.

Sobre la propuesta de la AIReF de aumentar la edad efectiva de jubilación a los 67 años, la ministra ha recordado que la edad efectiva ya se ha incrementado hasta los 64,4 años y que la edad legal está subiendo progresivamente hasta los 67 años, siguiendo los parámetros de la reforma adoptada en 2011.

“Ya tenemos la edad de jubilación a los 67 años. Lo que pasa es que aquellas personas con carreras largas de cotización tienen derecho a jubilarse a los 65 años”, ha dicho la ministra, que ha destacado que la edad efectiva de retiro está aumentando porque cada vez se hace un menor uso de la jubilación anticipada y porque ya no se obliga a los perceptores del subsidio de mayores de 52 años a jubilarse antes de la edad ordinaria.

Ahora bien, lo que sí comparte Valerio con el Banco de España y con la AIReF es la necesidad de conseguir más ingresos vía cotizaciones y de reordenar los gastos de la Seguridad Social para que no asuma costes que no le son propios, como el caso de las prestaciones por maternidad y paternidad, que son “política de Estado” y, por tanto, deberían financiarse con impuestos.