El Gobierno no supo ver el peligro

Un simple repaso a la sucesión cronológica de los últimos acontecimientos revela diáfanamente que el Gobierno no vio venir el peligro que representaba la epidemia de coronavirus o no lo supo ver, pese a los numerosos indicios y a las advertencias de la comunidad científica. Así, como hoy publica LA RAZÓN, en una fecha indeterminada del mes de enero, el CSIC y el Centro Nacional de Biotecnología pusieron en marcha, con financiación propia, un primer proyecto de investigación sobre la etiología del Covid-19, a partir de los datos que procedían de China. El 12 de febrero, ante la presión de los operadores asiáticos, que estaban viviendo de pleno la emergencia, se decidió la suspensión del congreso de telefonía móvil de Barcelona y el 2 de marzo, el Centro Europeo Para el Control y Prevención de Enfermedades lanzaba la primera alerta, desaconsejando la celebración de actos multitudinarios.

Pues bien, y sólo en lo que se refiere a Madrid, que es la región más afectada por la epidemia, el día 6 se celebró un concierto con 11.000 asistentes, el 7 tuvo lugar un encuentro de Fútbol de la Primera División y el 8, como es sabido, un mitin político y la concentración multitudinaria con motivo del Día de la Mujer. A partir de esa semana fatídica, que por remedar la frase de los virólogos italianos, supuso una «bomba biológica» sobre la capital de España, el incremento del número de contagios y de fallecimientos, en la línea de lo que ocurría en el norte de Italia, aconsejó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a tomar las primeras medidas drásticas, con el cierre de los centros de mayores, la suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades, y la prohibición de espectáculos y fiestas públicas. Eran las medidas que estaban, legalmente, a su alcance, pero que, claramente, resultaban insuficientes.

No fue hasta el 15 de marzo, con la entrada en vigor del decreto del estado de alarma, cuando el Gobierno que preside Pedro Sánchez ordenó las primeras medidas de reclusión domiciliaria, que, si bien, empiezan a dar los primeros resultados positivos, pueden resultar insuficientes en un momento en que la epidemia está llegando al máximo de intensidad y los servicios sanitarios de algunas comunidades están en riesgo de colapso. No es cuestión en estos momentos de glosar los problemas que la falta de acción gubernamental de los primeros días y los errores de coordinación han causado a los servicios de salud, abocando a sus magníficos profesionales a trabajar con escasez de medios de protección y de equipos adecuados, pero sí de abogar para que el Ejecutivo no eche en saco roto la experiencia de los científicos, de los médicos y de las propias autoridades autonómicas que, en diverso grado, es cierto, están exigiendo medidas complementarias más estrictas, que podrían llevar al confinamiento de la población en algunos lugares, lo que supondría la paralización de las actividades industriales que no sean estrictamente imprescindibles. Medidas, por supuesto, que hay que estudiar con sumo cuidado y con la interlocución empresarial, puesto que se agudizará el descalabro económico a corto y medio plazo, lo que puede ser más perjudicial que mantener la actual situación. Porque, no sólo es posible vencer a la epidemia, sino que estamos absolutamente seguros de que se conseguirá antes de lo que indican los peores escenarios teóricos si se mantienen las medidas de aislamiento social necesarias y se allegan de una vez los medios precisos. Además, hay que confiar en la capacidad de recuperación de la sociedad española, que es notable, y no olvidar que, a la postre, no estamos solos, pues formamos parte de la Unión Europea que ya está, aunque a trancas y barrancas, diseñando el marco futuro económico.