España resiste, pero sin líder

El Gobierno que preside Pedro Sánchez, al menos la parte socialista del Gabinete, comienza a ser consciente de que entre la opinión pública se está instalando una sensación de desconfianza sobre su eficacia en la conducción de la lucha contra la pandemia, que, sin embargo, no debería condicionar el proceso de toma de decisiones. Nos permitimos esta advertencia ante la más que probable prolongación del estado de alarma y, por lo tanto, del confinamiento domiciliario de la población, medida cuyas tremendas consecuencias económicas, sociales y, aún, morales no es posible dulcificar y que debería ser adoptada tras llegar a la convicción, basada exclusivamente en los hechos, de que no queda otra opción que seguir exigiendo mayores sacrificios a una ciudadanía a la que se insiste en que la situación –el famoso «pico»– está mejorando, pero que observa como aumentan el número de contagios y de víctimas mortales sin solución de continuidad.

Por supuesto, somos conscientes de que el actual nivel de los conocimientos científicos sobre la etiología del Covid-19 no permite certeza alguna sobre la evolución de la pandemia y de que hay indicios muy inquietantes que provienen de China, Corea del Sur y Japón sobre el recrudecimiento de la infección a poco que se suavizan las medidas preventivas, que deberían inclinar a las autoridades sanitarias a ampararse bajo el principio de precaución.

Dicho esto, la decisión que tome el presidente del Gobierno, que es sobre quien recae en último término la responsabilidad, vendrá condicionada, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, al respaldo del Parlamento, lo que nos plantea algunas consideraciones y no, precisamente, menores. La primera, y más evidente, es si Pedro Sánchez está políticamente legitimado para exigir a la oposición un asentimiento sin condiciones y, la segunda, si esa misma oposición puede consentir que su papel quede relegado al de mero refrendario de un trámite, mucho más, cuando lo que está en juego es la viabilidad económica de la nación.

Porque, más allá del lugar común de que no es tiempo de exigencia de responsabilidades, lo cierto es que, al calor del estado de alarma, el Gobierno ha actuado desde la más absoluta unilateralidad, decretando la paralización de la producción e interviniendo directamente sobre las relaciones económicas y laborales, con desprecio de la seguridad jurídica, con las consecuencias que los datos del mercado de trabajo han hecho patentes. En estas circunstancias, se nos antoja difícil pedir a la oposición parlamentaria, especialmente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que se resigne a aprobar lo que el Ejecutivo le ponga por delante sin exigir, al menos, que la emergencia sanitaria no sirva para introducir de rondón retazos del programa de sus socios comunistas.

Es preciso, imperativo, un acuerdo político amplio, que aparte de la sociedad española la mera insinuación de que se la está tomando como rehén de una estrategia partidista, la que sea, en un momento tan grave. Y es, asimismo, imperativo, que desde el Gobierno se acepte que la lealtad es una vía de doble dirección que obliga a todos. La sola idea de que la epidemia de coronavirus pueda obligar a los ciudadanos a permanecer en su encierro hasta el 26 de abril, incluso, hasta la primera semana de mayo, es tan perturbadora, lleva implícita tales consecuencias para el futuro de España, que no es posible aceptar que el Gobierno rechace la colaboración y el entendimiento entre los dos grandes partidos de la democracia española. Es una actitud por la que, no hay que dudarlo, la sociedad española pedirá cuentas cuando todo esto acabe, que acabará. Pedro Sánchez tiene la oportunidad de rectificar los errores, aunque le suponga algún desencuentro más con sus socios radicales.