Una última prórroga y con condiciones

El Partido Popular ha respaldado con sus escaños los tres decretos de estado de alarma solicitados por el Gobierno, un hecho que la, tal vez, la ministra de Hacienda y portavoz gubernamental, María Jesús Montero, debería haber tenido en cuenta a la hora de devaluar la actitud de una oposición que, a los efectos prácticos, ha permitido que Pedro Sánchez no haya tenido que enfrentarse a la flagrante contradicción de que sean sus socios nacionalistas en la investidura quienes más reticencias expresan a la hora de concederle poderes extraordinarios. Conviene recordarlo, porque se está exigiendo a los populares un supuesto ejercicio de responsabilidad del que, al parecer, estarían exentos, no sabemos por qué feliz condición de origen, los partidos que, precisamente, hicieron posible que el PSOE recuperara el poder tras la moción de censura.

Desde este punto de vista, no sólo sería completamente legítimo que el presidente del PP, Pablo Casado, rechazara avalar con sus votos la cuarta prórroga del estado de alarma, sino que entraría dentro de la ortodoxia política. Pero si algo hemos aprendido, es que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno se conduce por los cauces de una relación tormentosa, en la que priman los intereses localistas por encima de cualquier coincidencia ideológica. Y, así, nos hallamos en este escenario más propio de Kafka, en el que se da por supuesto que para las cosas realmente importantes, las que determinan el mejor o peor futuro de la nación española, el partido del Gobierno tiene que tirar del «sentido de Estado» de una oposición a la que, dicho sea de paso, ningunea cuando no la insulta, en lugar de reclamar a sus socios que se comporten con la mínima lealtad debida.

Vaya por delante que si hacemos estas consideraciones es porque otorgamos al Gobierno el beneficio de la duda en lo que se refiere a la necesidad que expresa de que es imprescindible prolongar el estado de alarma, porque, en caso contrario, la lógica del sistema de partidos nos llevaría a una conclusión muy diferente. Por otra parte, somos conscientes de la difícil posición en la que esta anomalía política pone al líder de los populares. No sólo se le exige el apoyo sin más contraprestaciones que unas vagas promesas, sino que se toma de rehenes a los trabajadores incursos en los ertes, bajo la amenaza de no cubrir las prestaciones de emergencia y con la excusa de que éstas sólo son posibles mientras dure el estado de alarma.

Sólo este planteamiento, que obvia otras vías legislativas perfectamente factibles, ya justificaría el voto negativo de la oposición, que es el que reclama la mayoría de los votantes del Partido Popular a su presidente, pero, más allá de la estrategia vergonzante del Gobierno de trasladar la responsabilidad de sus fracasos al adversario, lo cierto es que la evolución de la pandemia, que está lejos de ser vencida, presenta las suficientes incógnitas como para aconsejar la permanencia de las medidas extraordinarias de sanidad y policía, al menos, durante quince días más, plazo en el Pedro Sánchez debería ser capaz de preparar un plan alternativo, con normas menos lesivas para los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es lo que reclama la mayoría de los sectores sociales.

Sin duda, una abstención del PP, hoy en el Congreso, evita al Gobierno penosas negociaciones con sus socios, pero no redime su pérdida de imagen ni mejora la mala percepción que la mayoría de la opinión pública tiene de su gestión de la emergencia sanitaria. Ni, por supuesto, debería presuponer la futura posición de los populares cuando entren en juego las medidas de carácter económico y social que hay que poner en marcha para abordar la reconstrucción de la economía española.