La moción de censura que vino de un juez

«El Supremo restituye la verdad, pero ello no compensa el daño causado al PP»

Con las cautelas debidas, puesto que estaba en juego una impugnación general de la sentencia de la Gürtel dictada por la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado nula, podría decirse que injusta a sabiendas, aunque esto no lo dejan explícito los jueces, la atribución de una «caja B» en la contabilidad del Partido Popular, que provocó, desde el plano jurídico, la indefensión de la formación así señalada, y condenada, y que fue el detonante político, la excusa plausible, para que el Partido Socialista y los grupos nacionalistas del Congreso plantearan la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó al poder al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue el magistrado José Ricardo de Prada, apoyado por otro componente del tribunal juzgador, Julio de Diego, quien introdujo a calzador, como si fuera un hecho probado, una supuesta dinámica de corrupción institucionalizada de los populares que ni era objeto de la vista ni formaba parte de la acusación. Como recalca la sentencia hecha pública ayer, si se condenaba al PP como simple partícipe a título lucrativo, significaba, con la Ley en la mano, que era inocente de los delitos juzgados, pues la imputación presupone que «el beneficiario no sólo no participó en el delito, sino que desconoció su comisión», algo que, ciertamente, no podía escapar al conocimiento del tribunal. Que el magistrado impulsor directo de la tropelía fuera luego propuesto por los socialistas para formar parte del Consejo General del Poder Judicial sólo sirve para añadir un elemento más a la sombra de la sospecha, y nos advierte, crudamente, del riesgo que supone para el normal desarrollo de la Justicia la pretensión de los partidos que conforman el Ejecutivo de modificar el sistema de elección del CGPJ, sometiéndolo al arbitrio de la misma mayoría parlamentaria que sostiene al Gabinete de turno. Ciertamente, no habrá medida alguna, más allá de la restitución de la verdad, que pueda paliar el daño causado al Partido Popular por José Ricardo de Prada. Pero, al menos, cabría esperar de quienes se aprovecharon de una decisión judicial injustificable en derecho una reflexión sobre el peligro que supone para la estabilidad de las instituciones la superposición en el plano político de las actuaciones de la Magistratura. Porque es cierto que el juez De Prada, conscientemente o no, plantó la mina, pero fueron otros, y no sólo los que se apoyaron en la sentencia para justificar una moción de censura contra un Gobierno que acababa de sacar adelante los Presupuestos –ahí está en la hemerotecas la sobreactuación de Albert Rivera, entonces presidente de Ciudadanos, que aspiraba a desbordar electoralmente a los populares–, los que se apresuraron llenos de entusiasmo a hacerla estallar.