Iglesias, bajo las garantías de la Justicia

Una Junta de fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha devuelto al juez instructor del «caso Dina», que afecta a Pablo Iglesias, diputado y vicepresidente segundo del Gobierno, por lo tanto, aforado, el procedimiento incoado para que amplíe las investigaciones y recabe testimonios que consideran determinantes en la investigación. Una lectura apresurada, ciertamente influenciada por la presunción con la que el líder de Unidas Podemos dio por sentada la decisión inhibitoria del alto tribunal, puede llevar a la conclusión equivocada de que la Fiscalía no aprecia indicios delictivos suficientes en la conducta del investigado, cuando no es así. Al menos, de momento.

Lo que se ha dictaminado desde el Ministerio Público es que de la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se desprende la existencia de dos ilícitos penales, uno de revelación de secretos, con el agravante de género, y otro de daños informáticos, en lo que podría haber incurrido el acusado, pero que, en la fase actual, no están acreditados con la suficiente solidez que establece nuestra jurisprudencia para casos de aforamiento. O dicho de otra forma, Pablo Iglesias no sólo goza de las garantías judiciales que asisten a cualquier ciudadano, sino que, además, tiene una especial protección por su condición de diputado. No se pone, pues, en cuestión la actuación del magistrado instructor, pero sí se le insta a que complete una investigación que, a juicio de los fiscales, presenta algunas lagunas en el aspecto testifical.

Por supuesto, serán los jueces del Supremo quienes decidan en última instancia, aunque lo más probable es que se ciñan a la interpretación de la Fiscalía, dado el momento de las actuaciones. No cabe duda de que en un mundo ideal cualquier político que respete a los ciudadanos habría declinado acogerse a los privilegios del cargo y se hubiera ofrecido a declarar ante el juez instructor de una causa que, a la postre, pone en entredicho su probidad moral, pero no deja de ser cierto que el líder de Unidas Podemos está en su perfecto derecho a la hora de reclamar su condición de aforado. Al fin y al cabo, la figura del aforamiento, que tanto se denostaba desde la formación que lidera el afectado, ejerce como salvaguarda de intromisiones ilegítimas –lo que no es el caso– que menoscaben la actuación de quienes representan, nada menos, que al conjunto de la soberanía nacional y no sólo a sus votantes, cuestión, por cierto, que no acaban de interiorizar nuestros políticos. Pero, nuestra Justicia no sólo es independiente, sino que se ejerce con escrupuloso respeto a las garantías de los ciudadanos, de todos, como habrá podido comprobar quien desde la tribuna pública no se ha privado se señalar al Poder Judicial.