Gratitud debida al impulsor de la libertad

Quienes, incluso, desde la buena voluntad, centran el papel de Don Juan Carlos en su actuación gallarda y valiente frente al golpe militar del 23-F, parecen olvidar que la democracia española y el régimen de libertades plenas que hoy disfrutamos no hubiera sido posible, no, al menos, en el corto espacio de tiempo en que se produjo, sin el impulso transformador del Jefe del Estado, sucesor a título de rey del dictador Francisco Franco, quien en medio de muchas dificultades, hoy, sepultadas en la memoria, hizo suya la aspiración mayoritaria de su pueblo a recuperar la soberanía y desenvolverse en democracia, en paz y bajo el imperio de las leyes.

No fue labor de uno solo, no podía serlo, pero la sociedad española tiene una deuda de gratitud con quien puso las bases de la Transición desde la propia cúpula del Estado que se iba a finiquitar. De ahí, que no deje de ser una anomalía grave que uno de los arquitectos fundamentales de nuestro sistema democrático no pueda recibir el homenaje que sería de justicia en fecha tan señalada. Viene a cuenta esta reflexión cuando, como hoy publica LA RAZÓN, desde el entorno de Don Juan Carlos se hacen gestiones para propiciar su vuelta a España, como si esa decisión dependiera de factores ajenos a la propia voluntad del protagonista. No debe ser así. No es sólo porque el viejo rey está en su perfecto derecho a regresar a su país, sino porque las circunstancias y los impedimentos que se aducen no tienen la menor consistencia. Don Juan Carlos, como cualquier ciudadano, español, no está por encima de la ley, pero, tampoco, por debajo de las garantías y de la seguridad jurídica de nuestro sistema constitucional.

No es momento de entrar en la peripecia de su vida privada, ya lo hicimos en su momento, pero sí de recalcar que pocas figuras de la vida pública nacional han sufrido una campaña de descrédito tan brutal como la padecida por Don Juan Carlos, obligado, además, por razones obvias, a guardar silencio. Una campaña jaleada por quienes desde un supuesto republicanismo «sanador» y de articulación indefinible, desprecian nuestro régimen constitucional o, simplemente, pretenden la destrucción de la unidad de España. Una campaña sostenida, además, sobre las insidias de personajes de dudosa integridad, cuando no directamente sujetos a la actuación de los tribunales. Don Juan Carlos tendrá que aclarar aquellos aspectos de su actuación en el ámbito de su vida privada que la Justicia, de acuerdo a las previsiones constitucionales sobre la Corona, tenga a bien demandarle. Pero en ningún caso ante quienes desde el prejuicio más primario se han erigido en jueces y verdugos de quien, hay que insistir en ello, abrió España a las libertades y a la plenitud democrática.