Limpiar el honor de la Guardia Civil

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos tuvo la misión de estar al frente del despliegue policial en Cataluña en otoño de 2017 y la responsabilidad sobre la seguridad tras la aplicación del 155. Se convirtió, como es fácil imaginar, en el enemigo a batir por la Generalitat y el conjunto de partidos secesionistas. Pero fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien contentó al independentismo cuando, el 25 de mayo de 2020, le destituyó de manera fulminante como jefe del al Comandancia de Madrid. La razón del cese deberá formar parte de los inconfesables pagos del Gobierno al independentismo por prestarle su apoyo, porque las razones esgrimidas por el ministro son impropias de alguien que procede de la judicatura y, antes de llegar a Interior, había sido magistrado en la Audiencia Nacional. Pérez de los Cobos se negó a dar información judicializada sobre una investigaciones realizadas en misión de policía judicial, algo que Grande-Marlaska conoce sobradamente. El cese produjo un gran regocijo en el independentismo, aunque por inexperiencia política –contrarrestada con una innecesaria soberbia– el ministro provocó una profunda crisis en la Guardia Civil, que provocó la dimisión del número dos del cuerpo, el director adjunto operativo, Laurentino Ceña, constatándose así que nunca hasta entonces se había producido una distancia tan grande entre la Benemérita y un gobierno. Si en su momento costó interpretar la decisión de Grande-Marlaska, que ahora la Audiencia Nacional dé la razón al coronel Pérez de los Cobos deja en muy mal lugar al ministro del Interior, que además de que deberá restituirle en su puesto, tiene que pechar con que la sentencia señala que en el cese hubo una «motivación ilegal». En concreto, «por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial», además de existir un «deber de reserva» que, de haberlo incumplido, Pérez de los Cobos hubiese incurrido en delito. El Gobierno debería recapacitar sobre la obcecación del Grande-Marlaska –ha anunciado el recurso, lo que implica que hasta que la Sala no se pronuncie la sentencia no es ejecutable– y reconduzca una crisis con un cuerpo ejemplar. No tiene sentido, más allá del ensañamiento, impedir el ascenso a general a Pérez de los Cobos, dado que es lo que le correspondería al llegar el turno de su promoción, como es el caso, y ser el número uno de ella. Su nombre está en la lista que la Guardia Civil entregó a Interior y, como es preceptivo, aunque no vinculante, debería ser atendido por los méritos contraídos. Está en manos del Gobierno actuar con racionalidad y sentido de la justicia, limpiando la humillación cometida contra Pérez de los Cobos y un cuerpo que ha demostrado su lealtad a la legalidad constitucional.