Agitación y propaganda con la seguridad

Nadie en su sano juicio puede minusvalorar el riesgo que supone la utilización del correo ordinario para la comisión de atentados. España, desafortunadamente, tiene una larga experiencia en el envío de paquetes bomba y de campañas de amenazas postales organizadas por la banda etarra y otros grupos terroristas. De ahí que sea especialmente preocupante la frivolidad de algunos de nuestros representantes políticos con los últimos episodios de cartas amenazantes, fenómeno mucho más extendido de lo que pueda parecer, pero que siempre se ha tratado con la discreción que aconsejan los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no sólo para evitar el efecto imitación, sino, y es lo más trascendente, para que los potenciales autores no obtengan información sobre los métodos y sistemas de detección de los servicios postales.

Hablamos de una convención no escrita que, hasta ahora, se había respetado por casi todos los actores políticos, incluido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que no hace tanto tiempo, en abril de 2019, en el marco de una campaña electoral, rechazaba el victimismo, pedía serenidad y reclamaba el desprecio frente a las amenazas anónimas para no hacer publicidad a sus autores ni animar a otros. Ciertamente, el cambio de criterio de Iglesias no debería causar sorpresa, puesto que se ha convertido en una característica distintiva del discurso del dirigente comunista el defender una cosa y la contraria según la conveniencia del momento, y sin que se le mueva un músculo de la cara, pero sí nos parece especialmente grave que hayan sido varios miembros del Gobierno quienes hayan secundado esta táctica electorera, incluso, con sobreactuaciones, apenas sostenidas en la acción de una persona con problemas psicológicos, sobradamente conocida por la Policía.

Que entre los propagandistas se encuentre el ministro del Interior, Grande-Marlaska, juez de profesión para más señas, sólo acentúa le perplejidad de una opinión pública a la que se trata de agitar con supuestas amenazas terroristas en un cuadro, completamente falso, de una conspiración fascista. La cuestión, que no es posible subestimar, es que desde el propio Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se ha llevado a cabo un ejercicio de agitación y propaganda con fines estrictamente electoralistas, impropio de quienes tienen tan altas responsabilidades públicas. Habrá que confiar en que el inevitable «efecto llamada» de este comportamiento incalificable no tenga consecuencias graves, pero, en cualquier caso, revela una manera de entender la política muy alejada de los estándares de las modernas democracias de nuestro entorno.