Hasta dónde se puede retirar un Estado

La reunión de la Comisión Estado-Generalitat constató la sintonía de las partes, más bien con ERC, y la voluntad de Pedro Sánchez de recompensar al separatismo como aliado político, como demostró con la inversión sorpresa de 1.700 millones en el aeropuerto de El Prat. En el encuentro de Madrid, como ya avanzó LA RAZÓN, se abordaron los traspasos de más de medio centenar de competencias y otras reivindicaciones, algunas de significada relevancia como las becas universitarias, puertos y aeropuertos, ingreso mínimo vital, el presunto incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, que no es tal, o la de una supuesta infrafinanciación de la Ley de dependencia, entre otros muchos. El destino de los fondos europeos, de los que Cataluña aspira a sacar tajada con un compromiso a dos, no tuvo recorrido. Más allá de un calendario de trabajo, hubo relativas concreciones, porque las decisiones de calado se tomaron sin cámaras ni micrófonos como el pelotazo aeroportuario. Sin restar un ápice de la dimensión del contenido del cónclave, de los titulares y muchísimo menos de la letra pequeña, la carga de profundidad política más nociva es lo que subyace al continente, a ese régimen de complicidad bilateral preferente que avala día a día, acto a acto, que el Estado sea cada vez más un ente menor y comparsa en Cataluña y que el separatismo colonice ese poder en retirada. Que España sea una realidad escuálida y erosionada en partes cualesquiera del territorio nacional es una desgracia que en nada se corresponde con un modelo descentralizado como el de otros países homólogos que preservan la lealtad y la ley. Este gobierno, pero no solo, ha alimentado un relación perniciosa de supeditación al nacionalismo que ha naturalizado que una parte negocie con el todo como si fuera un igual y además extraiga beneficios extraordinarios de ese mercadeo, como los que ayer se pusieron de manifiesto en la comisión o con las gabelas económicas y de las otras que el PNV se ha metido en el bolsillo. Es aún más dramático que Sánchez dope con derechos y dinero de todos los españoles a aquellos que pugnan por destruir España. Un Estado lánguido no es más libre ni justo ni próspero para la gente, sino todo lo contrario. Que las comunidades permitan que se las trate como segundonas y bendigan la desigualdad contraria al espíritu constitucional es una calamidad. No parece pedir demasiado que un gobierno español exija cumplir con la norma fundamental y trate a todos los territorios y a sus gentes con equidad y justicia.