Reproches de Batet que tenían otros destinatarios

Hasta ayer, la conmemoración de la aprobación en referéndum de nuestra Carta Magna solía establecer una tregua en la disputa partidaria, al menos, entre las formaciones que se reclaman como parte del acervo constitucional, de ahí que no haya dejado de sorprender desagradablemente la intervención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado, quien, olvidando su posición institucional, dedicó buena parte de su discurso a reñir, literalmente, al Partido Popular y a VOX por su manera de ejercer la oposición al Gobierno, lo que no supondría gran novedad si no fuera por la acusación directa de deslealtad a la Constitución que contenían sus palabras.

Se trata, por supuesto, de una argumentación políticamente falaz, que identifica la supuesta ausencia de la voluntad de acuerdo de los partidos de la oposición con la negativa a aceptar la legitimidad del resultado de las elecciones, lo que nos llevaría al absurdo de interpretar el rechazo a las propuestas legislativas del Ejecutivo, sean las que sean, como un ataque al orden constitucional y no como la lógica defensa del mandato de los electores.

Fue, incluso, más allá, la presidenta del Congreso al negar la legitimidad de las formaciones opositoras a plantear conflictos de inconstitucionalidad, porque , en su opinión, «dentro de nuestra norma suprema caben múltiples opciones políticas», verdad de Perogrullo que, sin embrago, elude el fondo de la cuestión, que no es otro que entre las «múltiples opciones» están las de unos partidos que van declaradamente contra la unidad de la Nación y la monarquía parlamentaria, es decir, contra el propio ordenamiento constitucional. En cualquier caso, la presidenta de la Cámara se equivocó al elegir a los destinatarios de sus reproches, si es que, de verdad, su intención era reclamar el compromiso de todos con la Carta Magna.

Porque, precisamente ayer, ERC, Bildu y otros partidos independentistas habían hecho público su, por otra parte, habitual comunicado conjunto en el que tachaban a la Constitución de «instrumento creado para violentar derechos democráticos básicos» y exigiendo una «reforma radical» de la Carta Magna que suponga reconocer el derecho de autodeterminación. Tampoco supone novedad alguna, pero explica la sensación de «fuera de juego» que padecen algunos dirigentes socialistas ante las alianzas de conveniencia que sostienen parlamentariamente al Ejecutivo. Pero, por lo visto, el problema es que los partidos de la oposición, especialmente el PP, se oponen sistemáticamente a los proyectos del Gobierno e, incluso, están dispuestos a recurrir a los tribunales cuando consideran que se pone en peligro el orden constituido. Y, por supuesto, con el telón de fondo de la negativa de Pablo Casado a acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que, ahora, más importa.