No es sembrar dudas, se pide transparencia

Desde diversos sectores gubernamentales se despachan las quejas que plantea el Partido Popular sobre la distribución de los fondos europeos como un simple ejercicio de propaganda opositora, sin base alguna, con nulo eco en las instituciones de la UE y sin otros efectos posibles que fomentar el desprestigio de España entre nuestros socios, especialmente, los que se alinean en el sector de los llamados «frugales», poco inclinados a conceder el beneficio de la duda a los países manirrotos del sur.

Y, sin embargo, los hechos son tozudos y, cuando menos, llaman a la sospecha de parcialidad oficialista en un reparto sobre el que, prácticamente, se carecen de instrumentos válidos, por simples y diáfanos, de fiscalización. Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicaba el pasado 30 de enero un comentario de alcance sobre la distribución de los 11.246.812.099 millones de euros de los Fondos de Recuperación y Resilencia entregados a las comunidades autónomas en 2021, en el que se denunciaba, sobre el porcentaje de población, que la región madrileña era la que había recibido menos dinero por habitante de toda España, concretamente, 174 euros per cápita, mientras que en Extremadura, gobernada por el partido socialista, tocaban a 412 euros por habitante.

Concluía Díaz Ayuso en la evidencia de que las cuatro comunidades autónomas más favorecidas estaban gobernadas por el PSOE, mientras que sólo una, Castilla y León, bajo gobierno popular, estaba por encima de la media nacional, frente a siete de las regiones socialistas. Y no podrá el Ejecutivo alegar manipulación de los datos, porque el análisis parte de las cifras que ha facilitado el Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero.

La queja de las autonomías populares se replica en los ayuntamientos del mismo signo, que no entienden cómo los municipios socialistas se llevan la parte del león de las ayudas comunitarias, más del 52 por ciento, además de denunciar la falta de transparencia en las convocatorias. Y ahí, a nuestro juicio, está el quid de la cuestión, por cuanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, dicho sea de paso, ha hecho de los fondos europeos uno de sus ejes propagandísticos, rechazó en su momento la razonable propuesta de crear una agencia independiente, bajo supervisión parlamentaria, lo que, sin duda, hubiera dado mayor tranquilidad a una opinión pública, mayormente escéptica, sobre la probidad del reparto.

Pero así la cosas, y mientras se suceden los anuncios de partidas millonarias que poco tienen que ver con la modernización de las infraestructuras, la digitalización y el impulso a la economía verde, a los partidos de la oposición sólo les queda el recurso de acudir a las instituciones europeas, que, tarde o temprano, acabarán por tener que tomar cartas en el asunto, por supuesto, en defensa del dinero público.