Esa izquierda que sólo ve la paja en el ojo ajeno

Vaya por delante que de la asombrosa peripecia que se vive en el Partido Popular a cuenta del enfrentamiento entre los dirigentes de Génova y de Sol no hay otros responsables que ellos mismos y que sería caer en angelismos si pretendiéramos que el adversario político, en este caso el PSOE, no tratara de sacar ventaja de una situación que le ha sido servida en bandeja. Más aún, cuando se avientan unas sospechas de corrupción sobre una de las figuras populares con más carisma y proyección, como es Isabel Díaz Ayuso, que no sólo ha derrotado en las urnas de manera estrepitosa a los socialistas, sino que no ha dudado en enfrentarse al Gobierno central cuando ha considerado que las decisiones de La Moncloa perjudicaban a los ciudadanos de su comunidad.

De ahí, que desde los sectores gubernamentales se haya puesto en marcha el guion habitual, con denuncia a la Fiscalía incluida, que vocea el lugar común de un PP estructural y moralmente corrupto, mientras que los escandalosos casos que implican a los socialistas se consideran –pese a su número, importe de lo robado y malversado, y feraz variedad tipológica de los delitos–, simples excepciones a la regla. Por supuesto, hay diferencias notables entre los socialistas y sus socios de Unidas Podemos, puesto que los primeros, salvo rara avis, no acusan de prevaricación a los jueces que no sentencian a su gusto.

Dicho esto, y como señalábamos en el editorial de ayer, el Partido Popular está obligado a llegar hasta el final en la investigación del caso de las mascarillas, con independencia de las consecuencias personales y políticas que pueda traer la conclusión de las averiguaciones. Pero, en el ínterin, convendría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus portavoces limitaran la sobreactuación indignada en lo posible, dado que en estas suertes, –el favorecimiento de familiares y cónyuges, y la alegría en la contratación pública–, tienen algunos casos bajo investigación judicial. Por no hablar de la política de compras de material sanitario durante la crisis de la pandemia, que, por diferenciarnos de los usos habituales de esa izquierda que sólo ve la paja en el ojo ajeno, puede incardinarse en la torpeza, sin duda, asombrosa, de la gestión.

Porque, como ha dado puntual cuenta LA RAZÓN a lo largo de los últimos dos años, hablamos de operaciones que supusieron miles de millones para las arcas públicas, por medio de la firma de contratos con proveedores de los que se desconocía hasta su domicilio social o que no fueron registrados en el BOE hasta meses después. Con el agravante de que una parte de ese material sanitario, pagado con sobreprecios escandalosos, ni siquiera tenía las mínimas garantías o se había firmado con empresas constituidas para ese fin. El Gobierno se justificó en la situación excepcional. Razón que debería valer para todos.