Opinión

El campo sufre a un Gobierno ineficaz

Editorial La Razón

El indiscutible éxito de la manifestación agraria celebrada ayer en Madrid debería servir, al menos, para descalificar ante la opinión pública el discurso maniqueo del Gobierno y, aunque cueste creerlo, de las centrales sindicales de clase, que señala como ultraderechistas a quienes, simplemente, reclaman un marco económico que les permita vivir de su trabajo.

Porque los centenares de miles de personas, llegadas de toda España, que recorrieron las calles de la capital no tenían en común una ideología determinada o la militancia a determinados partidos políticos, sino la experiencia viva del imparable deterioro de las condiciones económicas en el agro español que está, literalmente, asfixiando un modo de vida. No es sólo la inoperancia de un Ejecutivo incapaz de arbitrar soluciones tan sencillas como la reducción de la carga fiscal de los gasóleos profesionales, que son vitales en las labores agrarias, sino la imposición a la España rural de unos clichés que sólo están en el imaginario de un neoecologismo urbanita, más próximo a la factoría Disney que a las facultades de Biología.

Se da así la paradoja de que quienes mejor entienden el campo, porque viven en él, y quienes mejor han sabido cuidar el medio natural –y aquí las excepciones sí que confirman la regla– son el sujeto de unas campañas de descrédito, rayanas en la difamación, como es el caso de la tauromaquia, la caza, la ganadería intensiva, la pesca o las producciones hortofrutícolas extra tempranas, en demasiadas ocasiones impulsadas desde los mismos sectores gubernamentales que deberían proteger a unos trabajadores que sostienen buena parte de la economía nacional. Pero no. Sufren un Gobierno que no tiene en cuenta las condiciones de los pequeños y medianos agricultores, incluso, de las grandes empresas agrarias, cuando se trata de legislar. De nada sirven las juiciosas advertencias, como sucedió con la subida del salario mínimo, que ha costado seis de cada diez empleos perdidos en el campo, o sobre las deficiencias de la Ley de Cadena Alimentaria, que no ha conseguido proteger los precios agrarios pese a la desbocada subida de los costes de producción.

La España rural sufre en estos momentos las consecuencias de la «tormenta perfecta» que supone la subida de los combustibles, de los insumos, de la electricidad y, ahora, de la guerra de Ucrania y la huelga de transportistas, pero sus problemas vienen de lejos. Suponemos que es mucho pedir del actual Gobierno, del que forman parte ministros como Alberto Garzón o Teresa Ribera, especialmente insensibles, por ajenos, a los problemas del campo, que aborde el gran desafío de hacer de España la gran potencia agraria que estaba llamada a ser, pero, cuando menos, debería paliar, como están haciendo nuestros socios de la UE, los costes sobrevenidos por la crisis. Es su obligación.