Editorial

Un indulto delirante que daña a la mujer

El indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros a María Sevilla, condenada por el secuestro de uno de sus hijos, al que mantuvo escondido en condiciones de vida lamentables, no cumple con ninguna de las condiciones que establece la ley, especialmente, la que se refiere al arrepentimiento y al reconocimiento del daño causado. Pero, con ser esto grave, roza el delirio ideológico y político la argumentación justificativa de la medida de gracia por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que establece, nada menos, que una nueva categoría de mujer, «las madres protectoras», a quienes se otorga una especie de inmunidad ante las leyes, creando un remedo de jurisprudencia por la cual, el secuestro parental cometido por una mujer vendría a ser siempre consecuencia de la violencia machista del progenitor varón.

Se trata de un insulto a la inteligencia tan palmario que, sin justificar los gruesos exabruptos que ha recibido la ministra tras su surrealista defensa de la medida, explica el estupor de la opinión pública española y, lo que es peor, el daño causado a la imagen del movimiento feminista, convertido en forzoso cómplice de esta aberración. Asimismo, que el sector socialista del Gobierno haya secundado la reclamación de una izquierda radical que consideraba a María Sevilla como uno de los suyos, por lo tanto, intocable ante esa justicia tildada de machista y heteropatriarcal, explica la tendencia a la baja en los sondeos electorales que viene sufriendo el Partido Socialista.

Porque, para el Gobierno de la nación, el secuestro de un hijo, su ocultamiento durante casi dos años, su aislamiento social, sin escolarizar y sin recibir la debida atención médica, además del daño colateral causado a su otra hija, fruto de una segunda relación, no debe sufrir un reproche penal que conlleve pena de prisión ni la retirada temporal de la patria potestad. Tampoco, desde esa imposición ideológica del feminismo extremo que criminaliza al hombre por el mero hecho de serlo, merece sanción la negativa a cumplir las resoluciones judiciales sobre la custodia compartida ni, mucho menos, la falsa acusación de un delito horrendo, como es el abuso sexual sobre un hijo, para tratar de instrumentalizar a los tribunales.

Si, como presume la ministra Montero, el indulto a María Sevilla es «patrimonio del movimiento feminista de nuestro país», habrá que colegir que ese movimiento ampara conductas delincuenciales, lo que no es en absoluto cierto, al menos, para la gran mayoría de las mujeres, que no comparten, desde el propio feminismo, el desprecio a las mismas leyes que fueron concebidas para la defensa de sus derechos. Pero, por lo visto, el feminismo en Unidas Podemos es otra cosa. Y su imposición, una demostración de fuerza sobre sus socios socialistas del Gabinete, que ya no saben cómo cubrir tanto flanco abierto.