Frente a Putin, cueste lo que cueste

Un informe técnico publicado por el Banco de España advierte de que la ruptura total de relaciones comerciales con Rusia, incluido el corte de las importaciones de hidrocarburos, puede suponer para la economía española una caída del 1,8 por ciento del PIB, en torno a los 29.000 millones de euros, y un incremento de la inflación cercana al 1,2 por ciento. Por supuesto, no son cifras menores, aunque están por debajo del coste que supondrá la política de sanciones para otros países, como Alemania, Francia o Italia, mucho más dependientes del gas ruso, lo que explica, en parte, las reticencias entre los socios europeos a intensificar el bloqueo comercial a Rusia.

Se pide tiempo para abordar la necesaria transición energética y, también, para reestructurar una políticas agrarias que han primado el abandono de los cultivos cerealísticos y de las oleaginosas, hasta llevar a la UE a una grave dependencia exterior de recursos alimenticios básicos. Y, sin embargo, de lo que más carece Ucrania es de tiempo, una vez que los ejércitos rusos parecen haberse rehecho tras el fiasco de su ofensiva inicial y, poco a poco, van rompiendo las líneas de defensa ucranianas en el área del Donbás y en la costa del Mar Negro.

En estas circunstancias, hay que llevar al ánimo de la opinión pública europea que la defensa de la libertad y la soberanía exige sacrificios, como demuestran día a día las gentes que, contra todo pronóstico, resisten en Ucrania a la invasión rusa, cuyas reservas en hombres y armas son prácticamente inagotables. De ahí, que la única estrategia posible sea la de llevar al colapso la economía de Rusia, hasta que Vladimir Putin comprenda que su agresión tiene un coste inasumible para el país.

Y no conviene caer en las trampas de la propaganda del Kremlin, porque la realidad es que el bloqueo comienza a causar sus efectos y es, ahora, cuando hay que perseverar. Es, también, una oportunidad para que la Unión Europea afronte de una vez por todas el problema de su dependencia energética y alimentaria, de la misma manera que la pandemia nos puso ante el espejo de las consecuencias de la deslocalización de las industrias textil, sanitaria y de componentes electrónicos. Y hay que hacerlo desde la racionalidad, por más que haya que aparcar momentáneamente unas urgencias climáticas que, a la luz de los acontecimientos, han pasado forzosamente a segundo plano.

En el caso de España, el abanico de oportunidades es aún mayor. No sólo por el impulso a las energías renovables y a las tecnologías de la comunicación, sino porque el próximo gobierno tendrá la suficiente motivación para afrontar el gran problema fiscal español, que no es otro, que la ineficiencia del gasto público por parte de las distintas Administraciones, que el mismo Banco de España cifra en un 14 por ciento del PIB. Es decir, 60.000 millones de euros.