La Guardia Civil no es moneda de cambio

La Guardia Civil perderá las competencias de Tráfico y Seguridad Vial en la comunidad foral de Navarra a partir del próximo mes de marzo, como una de las cesiones hechas por el Ejecutivo a Bildu a cambio del apoyo de la formación proetarra a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se trata de una de las viejas reivindicaciones de los nacionalistas vascos y supone un paso más en la pretensión del PNV y de Bildu de que desaparezcan del País Vasco y Navarra las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por supuesto, no es cuestión de analizar las razones técnicas que aconsejen o desaconsejen tal medida, entre otras cuestiones, porque no hablamos de un diseño general de la distribución más óptima de los contingentes policiales en España, la economía de esfuerzos o la estrategia de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad que actúan en el territorio nacional. No. Estamos ante una decisión puramente política que, forzosamente, convierte a la Guardia Civil en simple moneda de cambio para salvaguardar los intereses propios del Gobierno de coalición.

Con el agravante, además, de que se trata de una medida que sólo demandaban en Navarra los herederos morales e intelectuales de la banda terrorista etarra, los mismos que cada año organizan un acto ofensivo contra la Benemérita, en el que propugnan la expulsión de una de la instituciones del Estado que, con la labor abnegada y el sacrificio de la vida de muchos de sus servidores fue determinante en la derrota del terrorismo vasco. Pero nada de ello, ni siquiera los prejuicios personales y familiares de los guardias civiles que tendrán que abandonar sus destinos, mucho menos, las consecuencias más inmediatas sobre la seguridad vial en la región, guardan la menor importancia frente a la necesidad del inquilino de La Moncloa de sumar los votos necesarios para, con los PGE, salvar lo que resta de legislatura.

Cabe preguntarse, aunque parezca ocioso, si es legítimo que las cuentas del Estado, el instrumento más importante en el desarrollo de la gestión de un país, se conviertan en un cajón de sastre o patio de Monipodio en el que se reparten los dineros públicos o se ajustan leyes variopintas sin otro criterio que el mayor o menor número de escaños parlamentarios que ostentan los demandantes. Mucho más, cuando esas cuentas parte de unos cálculos de ingresos y gastos sostenidos en el mero voluntarismo de sus redactores, como, por otra parte, señalan todos los organismos económicos nacionales e internacionales que han examinado el proyecto.

Pero que unos Presupuestos estén, a la postre, destinados a no cumplirse, puede aceptarse como parte de la servidumbre política del juego de mayorías. Lo que no es de recibo, como señalábamos al principio, es que la moneda de cambio sea el modelo policial que exige un partido como Bildu, cuyos intereses no son, precisamente, los de España.