Se consuma el golpe al poder legal del Estado

No podía expresarlo más claro el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegui, al advertir de que los «procesos independentistas no se frenan con el Código Penal», especialmente, añadimos nosotros, si es el propio gobierno de la nación el que consuma el desarme de uno de los principales instrumentos del Estado, como es el ordenamiento penal que responde a las conductas delictivas.

No otra cosa significa la derogación del delito de sedición mediante una proposición de ley –puerta trasera escogida por el Ejecutivo de coalición para acelerar el trámite y evitar, entre otras cosas, el informe consultivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– apoyada, precisamente, por los partidos que «quieren marcharse de España», de nuevo en palabras del dirigente proetarra, y a los que más conviene esa reforma penal, dado el notable componente sedicioso de los de los actuales procesos separatistas.

Pero, a los efectos prácticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido el fin propuesto, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, con ello, estabilidad para agotar el tramo final de la legislatura. Por supuesto, que los PGE no sólo no respondan a la realidad económica de España, sino que se hayan convertido en un cajón de sastre de las demandas de los partidos nacionalistas –incluida, claro, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra– carece de la menor importancia para los dirigentes del PSOE, aunque, mucho nos tememos, que no sean de la misma opinión una buena parte de sus votantes.

Al menos, así lo reflejó la última encuesta elaborada para LA RAZÓN por «NC Report, en la que se destacaba que el 52,6 por ciento de los simpatizantes socialistas rechazaban la supresión del delito de sedición del Código Penal. Sin duda, el Gobierno confía en que el transcurso del tiempo que falta hasta las próximas elecciones generales hará olvidar esta grave cesión a los separatistas. Es probable, pero siempre que sus aliados en la legislatura pospongan hasta entonces el desarrollo de su hoja de ruta, que pasa, como han declarado paladinamente, por forzar del Ejecutivo la celebración de un referéndum de independencia, siquiera «consultivo», que legitime sus pretensiones.

En cualquier caso, la convocatoria en mayo de las elecciones municipales y autonómicas, en las que el PSOE se juega el gobierno de varias autonomías, dará la medida del desgaste político que supone para el Gobierno su maridaje con las formaciones que, es preciso recordarlo, abogan «por marcharse de España». Tenía Pedro Sánchez otras opciones, entre ellas, la búsqueda de un acuerdo con la oposición popular, pero ha preferido forzar, de la mano de la extrema izquierda de Unidas Podemos, el enfrentamiento político con el centro derecha español. Un error de imprevisibles consecuencias.