En las horas más bajas de la democracia

Fue la de ayer una jornada que plasmó el desgaste del sistema democrático que se asienta sobre la Constitución de 1978. Los acontecimientos, que culminaron con la votación en el Congreso de iniciativas de controvertido encaje legal, son parte de una deriva impuesta desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y la conformación de la mayoría de izquierda extrema, separatista y bilduetarra que lo mantiene. Hemos asistido al deterioro de las certidumbres que los fundamentos de cualquier estado de derecho homologable disponen. Moncloa y sus socios no han actuado fruto de la improvisación. El paulatino control de las instituciones, de prácticamente todas las que preservan buena parte de los equilibrios y los contrapesos del sistema, ha respondido a un plan premeditado que no puede ser ajeno a la voluntad de perpetuarse en el poder. En ese marco político e ideológico, guiado por un interés no general, el fin ha justificado una discrecionalidad inquietante. Desconocemos si lo de ayer en las Cortes, con la votación de la proposición de ley de PSOE y UP para derogar la sedición y sus múltiples enmiendas, entre ellas las que reforman la malversación y el sistema de elección y llegada al Constitucional de los dos candidatos que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial, que merman en la práctica la independencia del tribunal de garantías, es el destino final del proceso u otra estación de tránsito. La experiencia no alienta el optimismo, más allá de que Sánchez haya asegurado los apoyos necesarios hasta el final de la legislatura. Llegados a este punto, el Ejecutivo y sus socios ni siquiera parecen preocupados ni limitados no ya por la ética o la opinión pública, sino siquiera por la cautela de preservar la legitimidad en el ejercicio de sus funciones. La alteración de las reglas de la democracia en su acometida contra el Poder Judicial debería tener sus días contados en los tribunales por inconstitucional. La modificación de tres leyes orgánicas (el Código Penal, la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional) y la apostilla sobre otra (la del «solo sí es sí») mediante una proposición de ley tramitada por urgencia, sin informes de los órganos consultivos ni comparecencias, constituye un fraude que tendría que provocar también la respuesta de las autoridades europeas, como han hecho en otros estados. Vivimos horas singularmente bajas en nuestra democracia, objeto de la pulsión arbitraria de la izquierda. Los magistrados del TC la padecieron ayer, como antes otros. Fueron coaccionados e insultados por diputados de la mayoría gubernamental al más puro estilo bolivariano por cumplir con el deber de abordar un recurso de amparo de la oposición ante iniciativas contra los derechos de los diputados y las salvaguardas constitucionales como las que salieron adelante. El Congreso no es omnipotente, sino que está limitado por la norma fundamental y el TC tiene la obligación de velar por ella y actuar en consecuencia.