Editorial

Y la Cataluña de la mayoría tomó la calle

En Cataluña, el 69 por ciento de los electores votó a partidos constitucionalistas o, si se quiere, que no llevan la independencia en sus programas electorales.

Cientos de personas protestan durante una manifestación de SCC contra la amnistía, a 8 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación contra la amnistía y el derecho al referéndum bajo el lema ‘No en mi nombre:ni amnistía, ni autodeterminación’. La protesta busca visibilizar el acuerdo para la investidura del Gobierno de España que han negociado las últimas semanas el presidente del Gobierno en funciones y Carles Puidgemont. Además...
Sociedad Civil Catalana convoca una manifestación contra la amnistía en BarcelonaKike RincónEuropa Press

Habrá quien hable de una mayoría silenciosa en Cataluña, la que, ayer, convocada por Societat Civil Catalana, se manifestó multitudinariamente en las calles de Barcelona contra la ignominia de la venteada amnistía, pero sería mucho más exacto, más en consonancia con la realidad política del Principado, si habláramos de «una mayoría silenciada» sistemáticamente por la maquinaria propagandística de la Generalitat, omnipresente en casi todos los aspectos de la vida civil catalana.

No en vano, en las últimas elecciones celebradas en Cataluña, las del 23 de julio, el 69 por ciento de los electores votó a partidos constitucionalistas o, si se quiere, que no llevan la independencia en sus programas electorales. Por ello, que los separatistas catalanes, que no han llegado al 30 por ciento de los sufragios, puedan condicionar conceptos como la igualdad de todos los españoles ante la ley o la legitimidad de las actuaciones judiciales, que es lo que supondría la concesión de la amnistía, ha vuelto a sacar a la calle a decenas de miles de ciudadanos, como ya ocurriera hace seis años, cuando Barcelona demostró la fortaleza de quienes no tienen más problema de identidad que el asfixiante acoso del nacionalismo.

Son esos ciudadanos, a quienes se tilda de «malos catalanes» desde los despachos oficiales, desde las mismas instituciones del Estado, los que ayer proclamaron que el Gobierno de la Nación, en funciones, no estaba legitimado para negociar en su nombre. Y el hecho de que los representantes socialistas se hayan quedado al margen de un grito que resuena con fuerza en toda España sólo aporta melancolía a muchos de los votantes de un partido uncido a la ambición personal de su secretario general.

Unos votantes que, como la mayoría social de España, suscriben el alegato del ex alcalde de La Coruña y ex diputado del PSOE, Francisco Vázquez, ante la multitud concentrada en el Paseo de Gracia: «estamos aquí los valientes y los ofendidos que no queremos que continúe ese proyecto de destruir la España constitucional. Con la amnistía se quiere legitimar a los golpistas, se quiere deslegitimar a la justicia, a la fuerza de la ley».

Se equivocaría mucho el candidato socialista si creyera que lo vivido ayer en Barcelona no es más que un desahogo pasajero de ultras y rebeldes. Porque, como hemos señalado en líneas anteriores, ese clamor, como el que se produjo en Madrid, viene respaldado por una mayoría electoral a la que, reiteradamente, el líder socialista había dado garantías, solo verbales, claro, de que se traduciría al fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la Justicia española. Podrá Pedro Sánchez justificar como guste el enésimo cambio de opinión en su trayectoria política, pero lo que le han dicho ayer en Barcelona es que nunca lo haga en el nombre de otros. Sólo en el suyo propio.