La demagogia vulgar de la ministra Montero

Uno de los problemas del pluriempleo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que su candidatura a la Junta de Andalucía, razonablemente gobernada por el Partido Popular y, según todas las encuestas, sin perspectivas inmediatas de cambio, le obliga a trabajarse la calle a la búsqueda de un voto de izquierdas que no está siendo especialmente bien tratado por el sector socialista del Gobierno, como demuestran las reticencias frente a las políticas de rearme o el agrio enfrentamiento interno con la tributación del SMI.

Si, además, la candidata es la titular de la cartera que más ha subido la presión fiscal de las clases medias y no tan medias en la historia reciente de España, se podría disculpar el recurso a la hipérbole dialéctica propia de una campaña electoral. El problema, tal vez porque la ministra Montero busca agradar a un votante de extrema izquierda que ha perdido sus referentes, es que no hablamos de unos discursos de parte, subidos de tono al calor de los mítines, sino del recurso a una demagogia vulgar que, con toda seguridad, insulta la inteligencia de muchos de esos votantes a quienes pretende seducir.

Por supuesto, no se trata de refutar unas afirmaciones de la ministra que no se encuentran en el ámbito del contraste de pareceres sino en el del delirio sectario, pero sí señalar que afirmaciones en las que acusa a las universidades privadas de «vender los títulos a los hijos de los ricos» para perjudicar a los hijos de la clase obrera o que cuestionan desde un feminismo tan impostado como radical la preeminencia de la presunción de inocencia en el proceso penal y tildan de vergonzosa la actuación de un tribunal sentenciador, retratan a una política que carece de un programa que ofertar a los electores, entre otras razones, porque muy pocos de los compromisos electorales que pueda contraer, por no decir ninguno, soportarían los habituales «cambios de opinión» del presidente del Gobierno, que es, también, el secretario general del partido por el que se presenta la señora Montero.

Sin discurso, sólo queda el recurso al insulto del adversario y al manoseo de causas nobles que merecerían mejores defensores. Sobre todo, porque hasta para ser un buen demagogo hay que tener unas condiciones intelectuales determinadas, so pena de caer en el ridículo o, como en este caso, de bordear la línea de los delitos de injurias y calumnias sobre instituciones y personas –los 300.000 alumnos de las universidades privadas y sus profesores– cuya actividad está perfectamente reglada y supervisada por las instancias del Estado, como son las comunidades autónomas y el propio Gobierno del que la ministra forma parte. Cabría añadir el menosprecio a la Justicia, pero de dar la debida respuesta ya se han encargado todas las asociaciones que representan a jueces y fiscales.