Un Gobierno marcado por la incoherencia

La ministra de Sanidad, Mónica García, forma parte, al parecer, de un gobierno que prima la cuenta de resultados de las aseguradoras médicas por encima de la salud de los ciudadanos, que perpetúa con Muface un sistema anacrónico e ineficiente y, lo que es peor, que tolera que las aseguradoras abandonen a su suerte a los usuarios concertados cuando estos se convierten en una carga por razones de edad.

Por supuesto, estas graves afirmaciones, que no suscribimos en absoluto, las ha hecho la titular de Sanidad tras conocer la decisión de aumentar las primas en Muface, tomada por su compañero de gabinete Óscar López para evitar la disolución de la entidad, que era la pretensión de la señora García desde que comenzó el conflicto. Sin embargo, a la hora de redactar estas líneas, no hay noticia de que la ministra haya presentado su renuncia a formar parte de un gobierno que prima al capital sobre la salud pública y que mantiene un servicio ineficiente con un coste millonario para las arcas públicas.

El problema es que tal muestra de incoherencia política e, incluso, personal no es nueva en el seno de un ejecutivo que navega a merced de la corriente, consciente, eso sí, de que el populismo tiene unas reglas no escritas pero de inexorable cumplimiento. De lo contrario, no se entiende el culebrón vivido con la mutualidad sanitaria de los funcionarios y sus familiares, en el que ha pasado de regatear las condiciones económicas del concurso, por supuestas y loables razones de equilibrio presupuestario, a incrementar la oferta paulatinamente, llegar a la bonita cantidad de 4.800 millones de euros para los tres próximos ejercicios, es decir, un 41,2 por ciento de subida –1.276 millones de euros más– sobre la propuesta inicial.

Todo indica que, confrontado al rechazo general de los sindicatos de funcionarios, que amenazaban con una larga serie de movilizaciones y huelgas, el Gobierno no ha tenido más remedio que claudicar pese a las sentidas protestas de sus socios comunistas, enemigos declarados de la colaboración público-privada, aunque sea una fórmula que, con toda la subida, abarata los costes de la asistencia sobre los del Servicio Nacional de Salud y es el modelo preferido desde hace más de cuatro décadas por sus usuarios.

Más allá de la posición personal de la ministra García, a nuestro juicio insostenible políticamente, nos hallamos ante un episodio más de un ejecutivo bipolar, incapaz de plantear unas líneas de actuación a medio o largo plazo y en el que prevalece la incoherencia y los cambios sorpresivos de guion de la mayoría de sus ministros. Y de un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obligado a aceptar las invectivas y críticas poco mesuradas de unos ministros de extrema izquierda que se lucen en la disidencia pero que, desde luego, no están dispuestos a renunciar a las prebendas del cargo.