Sánchez penaliza al Supremo, no Feijóo

En estos tiempos políticos líquidos, en los que pareciera que la construcción de un «relato» es más determinante que la llana exposición de la realidad, se hace imperativo insistir en descripción de los hechos y de las conductas personales, casi en forma notarial, como la única manera de que la opinión pública, bombardeada por la propaganda desde los mismos poderes públicos, sepa distinguir las responsabilidades que alcanzan a cada actor.

En este sentido, les asiste toda la razón a los magistrados del Tribunal Supremo, con un tercio de las vacantes sin cubrir, cuando reclaman a los dos grandes partidos nacionales la urgencia de abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner fin a una situación tan anómala como perjudicial para el conjunto de la Justicia, si tenemos en cuenta no sólo la parálisis que afecta a muchas de la salas, sino el hecho de que una de las funciones del alto tribunal es sentar Jurisprudencia para la actuación de jueces y magistrados ante casos sujetos a posibles interpretaciones.

Sin embargo, hace un flaco favor el Supremo al conjunto de la sociedad cuando, desde una fácil equidistancia, sitúa en el mismo plano de responsabilidad al Gobierno y al principal partido de la oposición, sin atender al fondo de un desencuentro político de enorme calado para el futuro de la independencia del Poder Judicial en la democracia española.

Resulta, a nuestro juicio, de la mayor importancia que la ciudadanía conozca cómo se ha llegado a la situación actual para que, al menos, no atribuya a meros intereses partidistas la resistencia del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a pactar una renovación de los vocales CGPJ que no venga acompañada de una reforma legislativa que profundice en una mayor independencia de los tribunales frente a un Poder Ejecutivo que no admite de buena gana las decisiones judiciales que cuestionan su actuación, tanto en el ámbito público como el personal, y que tiene sentados en el Consejo de Ministros a representantes de una extrema izquierda que extiende la idea del «lawfare», ha llegado a tildar a ciertos jueces de «fachas con toga» y pretende cambiar el sistema de entrada en la carrera judicial porque lo considera elitista y favorable a las derechas.

Así, no deberían obviar los magistrados del Tribunal Supremo que fue la coalición gubernamental la que pretendió reducir las mayorías parlamentarias en la elección de una parte de los vocales del CGPJ, asegurándose de esta forma la neutralización de la oposición, operación que tuvo la abierta oposición de la Comisión Europea, y que al no conseguirlo modifico una Ley Orgánica para impedir que un CGPJ en funciones pudiera hacer nombramientos de jueces y magistrados y cubrir las vacantes. Es a Sánchez a quien hay que exigir responsabilidades y, de paso, pedirle aclaraciones sobre la intención última de ese bloqueo del Poder Judicial llevado a cabo por su Gobierno.