Insatisfacción e inquietud

Han transcurrido ya 20 años desde que se promulgó, en 2001, la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, que con pocas modificaciones – cabe recordar la reforma de 2007 – ha pervivido hasta ahora. En estas dos últimas décadas, son muchos y evidentes los cambios y la evolución que ha sufrido el Sistema Universitario Español, desde el aumento del número de universidades que lo integran y del volumen de estudiantes universitarios, hasta las necesidades derivadas de la internacionalización en todos los ámbitos.

De la innovación como forma de responder a las nuevas generaciones de jóvenes y a su forma de aprender, a las nuevas demandas de profesionales del tejido empresarial y de la sociedad en general o, en los últimos tiempos, las consecuencias de la digitalización en las principales funciones de la Universidad: la docencia, la investigación y la transferencia, o las tareas de administración y control. Seguramente, solo por eso, era necesaria una nueva Ley de Universidades, que sirviera de marco legal a las iniciativas legislativas de menor rango que el Ministerio está desarrollando.

El anteproyecto de la Ley aprobado por el Consejo de ministros es un texto extenso – 15 títulos y más de 100 artículos -, dedicado en su mayor parte a las Universidades públicas, cuyas demandas de más autonomía, más financiación y más flexibilidad en la contratación, no sé si se conseguirá satisfacer. De entrada, algunos de los cambios que introduce, como la posibilidad de que el Rector no pertenezca al cuerpo de catedráticos o la desaparición de la figura del profesor contratado doctor, no parece que hayan gustado demasiado.

A las universidades privadas el anteproyecto les dedica específicamente un único título, el XV, que al menos en principio no introduce cambios significativos sobre la situación actual, salvo la obligación de dedicar un 5% del presupuesto a la investigación.

Afortunadamente, no aparecen en el texto dos cuestiones clave que preocupaban al sector privado, puesto que establecían una diferenciación de trato respecto a sus estudiantes: la negación del acceso a las becas y la eliminación de la exención del IVA, ambas medidas impensables – incluso inconstitucionales - en un sistema universitario que pretende ser equitativo. Parece ser que, a última hora, ha imperado el sentido común. No obstante, sigue respirándose en el ambiente la inquietud sobre lo que pasará durante el trámite de la Ley.

De la lectura del texto, excesivamente regulatorio y sesgado ideológicamente en algunos aspectos, destaca positivamente un título completo dedicado a la internacionalización del Sistema, algo que se echaba de menos en el borrador que circuló en sus inicios para recabar opiniones sobre la nueva Ley.

Disponer de una estrategia de internacionalización común para nuestras universidades, fomentar las alianzas y programas conjuntos, flexibilizar los procedimientos de admisión o agilizar los trámites de reconocimiento y homologación de títulos extranjeros son algunas de las medidas que se mencionan en el texto, aunque remitiéndolas a desarrollos reglamentarios posteriores, sin los que difícilmente podrá articularse un proceso de internacionalización verdadero, que sitúe a la universidad española en condiciones de competir con otros sistemas universitarios.

Se abre ahora el proceso de consultas. Espero que, con las aportaciones de todos, la LOSU sea finalmente una Ley de consenso universitario, con ánimo de establecer el marco normativo que permita a nuestro Sistema - integrado por Universidades de distinta titularidad y naturaleza - desarrollarse, evolucionar y ser el sistema moderno, diverso y competitivo que nuestra sociedad necesita. De momento, parece generar más insatisfacción e inquietud que otra cosa.