Manos Limpias reclama al TSJC la prisión de Mas por rebelión

A cuatro días del 27-S, Manos Limpias ha ampliado su querella por desobediencia (por su papel en la consulta soberanista del 9-N) contra Artur Mas, a quien ahora imputa los delitos de rebelión y sedición por su voluntad de «desmembrar a Cataluña del territorio del Estado español». En la nueva denuncia, el colectivo de funcionarios le responsabiliza de haber generado en Cataluña «un ambiente prebélico y de enfrentamiento entre españoles» y reclama al instructor, el magistrado Josep Manuel Abril, que acuerde la prisión de Mas (algo que ya solicitó sin éxito el pasado agosto a la Fiscalía) y la suspensión de todos sus cargos para impedir que «interfiera en la investigación».

En la ampliación de la denuncia, el abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz Lorite, hace responsable a Mas del «estado de subversión del Estado de Derecho que reina en Cataluña» y de que la Generalitat esté construyendo «estructuras de Estado propio con el fin de proceder a la inmediata desconexión de España».

El colectivo de funcionarios cree que Mas ha cometido un delito de rebelión por su voluntad de «desmembrar a Cataluña del territorio del Estado español». Asimismo, le responsabiliza de otro delito de sedición, que castiga a quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes». El president en funciones, defiende la acusación popular, «es evidentemente quien ha sostenido y dirigido la sedición, catalogándose además como su principal autor». Las vías para conseguir la independencia, resalta, «están fuera de toda legalidad prevista en el ordenamiento jurídico español».

Manos Limpias pide la comparecencia como testigos del director del CNI, Félix Sanz Roldán, del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que expongan «los movimientos ordenados por Mas para vulnerar la legalidad constitucional vigente».

En otro escrito, la acusación reclama al instructor que Mas, la consejera de Justicia, Irene Rigau, y la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega declaren como imputados antes del 27-S para que expliquen su papel el 9-N. Igualmente, solicita al TSJC el registro, entre otras, de la sede de la Conselleria de Educación, la Secretaría de Gobernación y el Centre d’Iniciatives a la Reinserció (CIRE) para incautarse de diversa documentación relativa a la consulta.