¿Hay que reformar la Constitución?

La reforma constitucional / Los expertos. Jueces, fiscales y catedráticos coinciden en exaltar al valor de la Carta Magna y lo que ha supuesto. Amplio consenso en que hay que abordar la reforma de la configuración territorial de España

La Razón
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Destacados dirigentes de la judicatura, Fiscalía, catedráticos de Derecho y un ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, todos ellos coinciden en destacar la importancia que ha tenido la Constitución para el marco de convivencia de los españoles y el reconocimiento de derechos fundamentales, y en cómo 37 años después de su aprobación mantiene toda su vigencia. Sobre la polémica abierta respecto a una posible modificación, tal como proponen algunos partidos en sus programas de cara a las elecciones del 20-D, la mayoría de los juristas considera que ha llegado el momento de abordar esa cuestión, aunque sin afectar al núcleo de la misma, y, en todo caso, siempre que exista el consenso necesario para abrir el «melón» de la reforma constitucional. El aspecto en el que existe una mayor coincidencia es en lo que se refiere al Título VIII, que es el que configura el Estado de las Autonomías, aunque hay discrepancias sobre en qué debería concretarse y si ello debe implicar o no dotar de más competencias a las comunidades. Pero también hay quien defiende que en estos momentos, con posturas muy encontradas, no sería adecuado iniciar la reforma constitucional, pese a sostener que la Carta Magna necesita cambiar en algunos aspectos, como la sucesión en la Corona o lo que afecta al Senado.

El texto conserva su vigencia

Rafael de Mendizábal. Ex vicepresidente del Tribunal Constitucional

La Constitución tiene una característica única en los doscientos años de nuestra historia contemporánea: a diferencia de las promulgadas durante el siglo XIX, desde 1812 a 1876, y de la republicana de 1931, no es la de unos contra otros, sino obra del consenso, aprobada además también directamente en referéndum por una mayoría abrumadora. Y al hacerlo, el pueblo español recuperó su soberanía gracias al Rey Don Juan Carlos, que le devolvió todos los poderes heredados de la dictadura. Conserva toda su vigencia. A lo largo de casi cuarenta años ha permitido la implantación por primera vez de una auténtica democracia con el más espléndido desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades individuales y el más alto nivel de autogobierno de las regiones.

Con ella como norte y respaldo hemos ido resolviendo nuestros problemas, incluso los más difíciles, como la reciente crisis del separatismo en Cataluña. El transcurso del tiempo ha puesto de manifiesto ha puesto algunas arrugas en ella. Para acicalarla conviene tomar como guía a Estados Unidos, cuya Constitución de 1787 está vigente todavía y se ha ido actualizando mediante «enmiendas».

Nuestra Constitución necesita algunas reformas, pero no en lo esencial. Lo más urgente es remodelar el Título VIII íntegro, delimitando las competencias respectivas con la mayor precisión para hacer más consistente el Estado de las Autonomías. La propuesta de un Estado Federal, asimétrico o no, es pura palabrería.

Hay que cerrar el marco territorial

Manuel Almenar. Presidente Asociación Profesional de la Magistratura

La Constitución se forjó como un gran pacto entre generaciones, construido sobre el reconocimiento de un sistema compartido de valores, derechos y libertades, con vocación de cerrar antiguas heridas, superar diferencias y sentar las bases de un Estado social y democrático de derecho que pudiera hacer frente a los retos de una sociedad moderna. La asunción de esos valores superiores ha posibilitado que disfrutemos de uno de los periodos más fructíferos de nuestra convulsa historia.

De ahí las reticencias a abrir el melón. Pero hemos de superar nuestros miedos y recuperar la confianza que nos hizo crecer como país. La Constitución es un ser vivo, que necesita crecer y madurar al compás de los cambios sociales. Han transcurrido 37 años, más de una generación, y la sociedad ha cambiado, nosotros hemos cambiados.

Es el momento de afrontar la incorporación de los derechos de última generación como verdaderos derechos fundamentales, la incardinación en Europa, el problema de la sucesión en la Corona, la constitucionalización de los mecanismos que garanticen y refuercen la independencia judicial (como el sistema de elección de los vocales judiciales por los propios jueces), y si la mayoría lo interesa, la reformulación del régimen electoral para acoger las listas abiertas y facilitar la responsabilidad de los electos; la reforma del Senado, el cierre de la organización territorial, la recuperación por el Estado de las competencias cedidas y no ejercidas o ejercidas de modo no satisfactorio para el ciudadano.

Una Constitución para un Estado federal

Joaquim Bosch. Portavoz de Jueces para la Democracia

La Constitución ha sido el instrumento jurídico que ha permitido a España el mayor desarrollo de los derechos y libertades de nuestro país. Fue un paso muy importante en la configuración de un Estado de Derecho muy avanzado y, desde luego, en la etapa de más estabilidad en el desarrollo de los derechos. Sin embargo, han pasado ya muchos años desde su aprobación y habría que adaptarla a los problemas actuales de la sociedad española.Habría que realizar reformas importantes, como buscar fórmulas para garantizar la efectividad de los derechos sociales, para que no queden vacíos de contenidos en función de los intereses políticos o financieros. Habría que incluir mecanismos de participación ciudadana directa y de transparencia y mecanismos democráticos de funcionamiento de los partidos.

También habría que reformar lo relativo al modelo autonómico, porque el actual está agotado y genera insatisfacciones de todo tipo. Hay que fijar en la Constitución nuevos cauces donde se dé satisfacción a las comunidades; habría que ir hacia un Estado federal asimétrico, donde las comunidades que lo deseen puedan asumir más competencias y las que deseen menos, que también puedan ver cumplido esas pretensiones de que determinadas competencias las asumiese el Estado, porque la situación actual genera insatisfacción. Además, se deberían establecer mecanismo para garantizar constitucionalmente la imparcialiadd e independencia de algunas instituciones, como el TC y el CGPJ.

Fijar de forma clara las competencias

Emilio Frías. Portavoz de la Asociación de Fiscales

La CE no es solamente una norma jurídica, es una garantía de convivencia de todos los españoles; fija las estructura fundamental de los derechos de todos los ciudadanos y configura el modelo de nación española aceptado por todos, incluso por aquellos que la critican. Es lo suficientemente flexible como para dar respuesta a las exigencias y cambios que se produzcan. Por ello, no es necesaria la aprobación de una nueva Constitución, sino a lo sumo una reforma parcial en algunas cuestiones, como el techo competencial de las comunidades autónomas, siempre que se produzca con el consenso suficiente, garantizando el pacto de convivencia de todos los españoles.

Aventura arriesgada y peligrosa

Agustín Pérez-Cruz. Catedrático Dº Procesal Univ. La Coruña

La Constitución supuso un cambio radical en todo lo relacionado con el reconocimiento de los derechos y las libertades en España, incluso mayor que los recogidos en textos constitucionales como el francés, el alemán o el italiano. La CE tiene una vigencia absoluta en la actualidad, porque es la única que puede garantizar la participación en igualdad de los ciudadanos y, en el ámbito político, del juego político, de las relaciones de los ciudadanos entre sí y con la Administración o ante los tribunales. En estos momentos no hay un clima político sereno, de estabilidad y tranquilidad para reformarla, para consensuar los posibles cambios. No hay un punto de partida común y abrir ahora este «melón de reforma», sin el mínimo consenso, es una aventura un tanto arriesgada y peligrosa.

Un momento inoportuno

Juan Cayón. Constitucionalista. Rector Universidad Antonio Nebrija

Es sorprendente causalidad que, cuando las estructuras de nuestro sistema político están en plena decadencia por la corrupción y el cuestionamiento de su representatividad, se plantee una honda reforma constitucional. Las condiciones son similares a aquellas en las que nació nuestro texto constitucional, entonces con un régimen en franca decadencia por la agonía política de Franco y su búnker, gobernando una sociedad probablemente cansada de escuchar el mismo discurso y con ganas de renovación. Es obvio que muchas previsiones constitucionales plantearon problemas desde el principio como consecuencia del consenso en la vaguedad que hizo posible el texto con apoyos mayoritarios. La reforma, por tanto es, a mi juicio, más que deseable, imprescindible, especialmente en cuanto a la configuración territorial autonómica. Pero el momento presente aconseja prudencia, la misma que sugería san Ignacio de Loyola cuando, como regla que ayuda al discernimiento, afirma que «en tiempos de desolación, no conviene hacer mudanza». Ni el panorama nacional ni el internacional contribuyen al sosiego necesario para abordarla con mínimas garantías de éxito.