17 empresas implicadas en el fraude recibieron 7 millones en conceptos ajenos a los cursos

Las investigaciones que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con la Tesorería de la Guardia Civil, han logrado determinar que de las 20 empresas que en la provincia de Málaga se beneficiaron de las subvenciones de los programas de formación y empleo de la Junta de Andalucía, sólo tres ajustaron su actuación a la legislación vigente, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Además del dinero percibido de forma oficial, recibieron otros siete millones en concepto de subvenciones por otros conceptos, que los medios consultados no quieren revelar por razones operativas y porque forman parte de las pesquisas en marcha.

Es decir, las otras 17 presentan irregularidades de distinto tipo que los agentes encargados de la investigación tratan de determinar. La proporción es tan grande que todos los indicios apuntan a que nos hallamos ante nuevo caso de posible corrupción, aunque tendrán que ser los órganos de la Justicia los que digan la última palabra.

Estas empresas tenían deudas con distintos organismos de la Administración. Algunas fueron constituidas un día antes de que se publicara la citada resolución del SAE y dadas de alta con un trabajador o, a lo sumo, dos, en algunos casos. Tras recibir la subvención, desaparecían con la misma rapidez con la que se constituyeron.

Los investigadores han optado por trabajar sobre «suelo firme», ante las controversias que se han suscitado tras el conocimiento por la opinión pública de las presuntas irregularidades, y se centran, de momento, en los datos y expedientes que les aporta la Tesorería General de la Seguridad Social. Las pesquisas, además de Málaga, se centran en irregularidades detectadas en Almería, Sevilla y Granada.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se han centrado en una resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de 15 de diciembre de 2010, en concreto de la dirección provincial de este organismo en Málaga, de la que se deduce que sólo tres ajustaron su actuación a la legalidad.

Es decir, que el 85 por 100 de los beneficiarios de las subvenciones a cursos de formación de la Junta de Andalucía incumplían todos o algunos de los requisitos que se exigían para ser beneficiarios de los fondos, por los que cabe deducir que pudieran haber sido obtenidos de forma no legal.

Estos nuevos indicios dan cuerpo al fraude de los cursos de formación, un nuevo caso de corrupción vinculado en esta ocasión a presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones para cursos de formación para desempleados. Pese a que la investigación está aún en fase inicial, la cantidad del presunto desvío de fondos será «enorme y llamativa», aunque lejos de los 2.000 millones de euros apuntados desde algunos ámbitos. El volumen de fondos que se revisa se sitúa en torno a los 4.000 millones de euros, lo que no significa que toda la partida se haya defraudado.