Torra podría ser inhabilitado sin sentencia firme

El president de la Generalitat, Quim Torra, ya tiene lo que tanto anhelaba: una salida honrosa de su cargo de cara a la parroquia independentista. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decretó su inhabilitación ayer por desobediencia durante un periodo un año y medio para cualquier cargo público electo local, autonómico, estatal y europeo. La resolución también le impone una multa de 30.000 euros y pago de las costas excepto las de la acusación popular.

De hecho, las consecuencias de esta sentencia pueden ser más pronto que tarde, pese a que la misma será recurrida ante el Tribunal Supremo. El PP pedirá hoy a la Junta Electoral Provincial que proceda a la ejecución de sentencia, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes populares.

Esta decisión se planteará al amparo del artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el que se estipula que serán inelegibles los condenados, aunque no sea por sentencia firme, por, entre otros, los delitos contra la Administración Pública y en la misma se imponga penas de inhabilitación. Es lo que se conoce como «inelegibilidad sobrevenida».

En este sentido, fuentes jurídicas indicaron a este periódico que la consecuencia directa es la previsión de que Torra se pueda ver obligado a dejar el escaño en el Parlament, y, consecuencia de ello, la presidencia de la Generalitat, ya que el Estatut establece que el presidente del Ejecutivo catalán debe elegirse entre los miembros del Parlament.

Tras conocerse la sentencia, el presidente catalán compareció o ante los medios y anunció que recurrirá la condena. «Mi condena será su condena. La sentencia del TSJC dice que desobedecí y que tiene que inhabilitarme. Un tribunal formado por tres personas desprovistas de la más elemental imparcialidad», apuntó .

En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC condena a Torra por su «recalcitrante y reiterada actitud desobediente» al no acatar las resoluciones de la Junta, lo que a su parecer es muestra de una «voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca» de contravenir los mandatos de la autoridad electoral, de lo que el president hizo «alarde público».

En cualquier caso, la inhabilitación de Torra abre numerosos interrogantes en la legislatura catalana. Para empezar, faltará por ver si cumplirá su propia bravuconada. «A mí quien me puede inhabilitar es el Parlamento de Cataluña, que es donde radica la soberanía de los catalanes», señaló en noviembre.

Dado que la condena de inhabilitación no es todavía firme, cabe recurso ante el Tribunal Supremo, que las partes tienen 20 días para presentarlos. Durante este tiempo, y hasta que se pronuncie la Junta Electoral Provincial sobre la petición que realizará hoy mismo el PP, Torra se mantendrá en la presidencia de la Generalitat y estaría legitimado para convocar nuevas elecciones, si lo considerara oportuno.

Si, por el contrario, la Junta le inhabilita, sería el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès quien lo sustituya y propondría un nuevo candidato a presidente del Ejecutivo catalán en un plazo máximo de 10 días.