La Abogacía del Estado quiere que el Parlamento Europeo levante la inmunidad a Puigdemont para que pueda ser juzgado

La Abogacía del Estado ha solicitado al instructor del “procés”, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que “a la mayor brevedad posible ”inste al Parlamento europeo que suspenda la inmunidad de los prófugos Carles Puigdemont y Antoni Comín, quienes , a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, adquirieron la condición de eurodiputados electos a todos los efectos. Junto a ello, los Servicios Jurídicos del Estado piden que se solicite al tribunal belga que tramita la orden de detención de detención y entrega del ex presidente catalán que deje sin efecto esa medida hasta que la Cámara de Bruselas se pronuncie sobre la suspensión de la inmunidad. Si el Parlamento europeo accediese a lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado y levantase la inmunidad a Puigdemont haría que la extradición fuese más que viable. Llarena podría resolver a finales de la próxima semana.

Tanto Puigdemont como Comín están procesados por rebelión, aunque respecto al primero Llarena pidió su entrega a Bélgica por sedición, una vez que la sentencia del Supremo condenó a los considerados principales responsables del “procés” por sedición y no por rebelíón.

El escrito de la Abogacía del Estado respecto a estos dos prófugos vienen a coincidir en las grandes líneas con el relativo a Junqueras. Así, por un lado, reconoce que Puigdemont y Comín gozan de inmunidad desde que fueron elegidos eurodiputados, el pasado 2 de julio, y que ello les faculta para poder ejercer a todos los efectos sin que se les pueda poner obstáculos que lo impidan. Entre esas facultades, derivadas de lo anterior, se encuentra la libertad de movimientos para acudir al Parlamento Europeo.

Pero, a la vez, esa inmunidad no puede impedir que no debe impedir definitivamente “que las autoridades judiciales y los órganos jurisdiccionales nacionales ejerzan sus competencias respectivas en materia de represión y sanción de las infracciones penales”. Y ello, para garantizar “el respeto del orden público en su territorio y, correlativamente, privar así totalmente a los perjudicados el acceso a la justicia”.

No hay “motivación política”

Por ello, añade al respecto, ponderando esos dos derechos, lo procedente para la Abogacía del Estado es dejar es dejar en suspenso la ejecución de la Orden de Detención y Entrega que tramita la Justicia a Puigdemont y Comín hasta que se resuelva por la Cámara europea sobre la petición del levantamiento de la inmunidad de ambos prófugos, quienes se encuentran declarados en rebeldía. Por ello, pide que se reclame al Parlamento Europeo que se proceda al levantamiento de la inmunidad de ambos y que se les envíe la sentencia que condenó a los líderes del “procés” a penas que, como en el caso de Oriol Junqueras, alcanzaban los 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta. Una de las razones que esgrime la Abogacía en su dictamen, firmado por Rosa María Seoane –una de las que intervino en representación de los Servicios Jurídicos del Estado en el juicio- es acreditar que en ningún caso existe fumus persecutionis” o “motivación política en el enjuiciamiento de estos hechos.