“Dolores Delgado debería dar un paso atrás, como hizo Manuel Marchena”

José María Macías fue uno de los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial que votó en contra de la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado, al no considerarla idónea por su pasado como ministra de Justicia, diputada, haber participado en mítines del PSOE...

-¿Por qué Lesmes no incluyó en su informa nada relacionado con la« idoneidad» de Delgado para fiscal general?

-Porque intentaba buscar un texto de consenso y por coherencia con su postura, que siempre ha sido la misma, es decir, que el CGPJ sólo le corresponde informar sobre los requisitos reglados pero no dar opinión de oportunidad, porque es una decisión política que corresponde al Gobierno. Esto ha sido un tema siempre muy debatido. Yo he sido partidario del criterio de presidente, de no entrar en cuestiones que pueda parecer de oportunidad. Pero en este caso no era un tema de oportunidad. La falta de idoneidad venía determinada por los estándares aceptados en Europa sobre la independencia del fiscal y con los datos objetivos que hay sobre la mesa, Dolores Delgado no cumple con esos estándares y era inidónea y debía decirse, porque no es una cuestión de oportunidad, sino de legalidad

-¿Qué piensa que puede haber detrás de esta propuesta de nombramiento?

-Sería una elucubración que no me corresponde hacer. Lo que sí es cierto es que en la Carrera fiscal, con casi 2500 componentes, hay miembros de una calidad extraordinaria, de una rectitud de principio para comportarse imparcialmente, con lo que al Gobierno le sobra de dónde elegir con creces. Ir a buscar a un ministro parece que redunda en la opinión de que su compromiso de imparcialidad puede quedar en entredicho. No digo que lo vaya a estar, pero los datos objetivos nos llevan a que la previsión es mala.

-¿Por qué cree que hay datos objetivos para dudar de que Delgado vaya a cumplir fielmente con las funciones de fiscal general?

Por la vinculación con el partido político del Gobierno que la propone y con el propio Ejecutivo y por ello pensamos que no es la persona idónea para cumplir con la función de fiscal general.

–¿Crea este nombramiento un precedente?

–Obviamente se ha creado, pero además creo que se ha creado un muy mal precedente, en la medida en que todos los fiscales que desarrollan un trabajo son profesionales esforzados que pretenden cumplir con función en contextos que muchas veces no son fáciles, y por eso cuanto más fácil se les ponga desempeñar su trabajo, mucho mejor. Y un nombramiento de este tipo no pone fácil el trabajo a los fiscales y van a tener que superar muchas críticas injustas, cuando se las merecerían otras personas. Si se establece una vinculación aparente excesiva entre la jefatura de la Fiscalía y el Gobierno se puede poner en cuestión el trabajo que realizan y por eso tampoco es idóneo que se haga un nombramiento de estas características.

–¿No le parece que se está vulnerando la «presunción de inocencia» de Delgado sobre cómo actuará?

–Nadie la acusa de nada; pero en un informe, de alguna manera, lo que se puede hacer no es un vaticinio pero sí al menos una predicción de riesgo, y ésta hay que hacerla con los datos objetivos que tenemos ahora. A partir de aquí, es posible que dentro de cuatro años se haga balance y tengamos que decir que el riesgo que había no se ha cumplido y habrá que reconocerlo. Pero a día de hoy el riesgo de vinculación con el Ejecutivo se asienta en datos objetivos: ministra de un Gobierno, diputada del partido que lo sustenta –hasta que renunció el martes– sin transición, participación en mítines políticos anteriores al nombramiento. Todo ello abona el que existen razones objetivas para dudar. Y en la medida en que dudamos, lo decimos. Pero no hacemos culpable a la señora Delgado de absolutamente nada.

-¿Ha podido influir en los vocales discrepantes la decisión inicial de Justicia, cuando era ministra Delgado, de no asumir inicialmente, todo lo relacionado con la demanda de Puigdemont a Llarena en Bélgica?

-Quizás hubiera quien pensase que esa decisión personal suya pudiera haber puesto en entredicho su compromiso con la independencia judicial, y en la medida en que es función de la Fiscalía, y por lo tanto del fiscal general, actuar para garantizar la independencia de los jueces, eso pudiera quizás hacerla también inidónea. Pero si alguien lo pensó, en el Pleno nadie dijo nada al respecto.

-Los siete vocales discrepantes fueron nombrados con el aval del PP. ¿Han actuado por “partidismo”?

-No. Los que tienen ese discurso lo que plantean es una trampa, porque para que no te acusen de ello debes de prescindir de cualquier tipo de juicio y hacer lo que diga el Ejecutivo; y si haces lo que crees que tienes que hacer, entonces actúa por partidismo. Es una trampa donde te criticarán hagas lo que hagas, y ya puesto a que me critiquen prefiero ser coherente, como lo fui con María José Segarra; y con Dolores Delgado, en la medida que concurren determinantes objetivos que me hacen dudar, pues las expreso.

–La vocal Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU, señaló en el Pleno que quienes no apoyaban a Delgado era por «razones ideológicas»

–No es cierto y, decirlo es una trampa: si votas en un sentido para que no digan que actúas por razones ideológicas dirán que lo haces por seguidismo político, y si haces lo contrario es por razones ideológicas. Frente a trampas de este tipo lo que prefiero es ser coherente. La anterior fiscal general fue propuesta por un Gobierno del PSOE y voté a favor sin preocuparme del signo del Ejecutivo que la nombró. Luego he tenido que rectificar mi opinión: no ha sido una buena fiscal general , sino que ha sido una extraordinaria fiscal general del Estado y así lo puse ayer de manifiesto.

–¿Habría que reformar la Ley para evitar que se pueda «saltar» directamente del Gobierno a la Fiscalía General?

–Rotundamente, sí. Habría que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para imponer unos requisitos más claros y directos y, en todo caso, unas limitaciones también más clara para impedir que se realizan esos nombramientos donde concurra esa apariencia indeseable de vinculación con un Gobierno. Las apariencias en una sociedad democrática son importantes, porque es lo que da confianza, y esas no pueden quedar al albur de ningún Ejecutivo, sino que tiene que estar establecidas en la Ley para que un Gobierno no pueda actuar contra las apariencias de vinculación con la persona a la que se quiere nombrar. Pasar directamente de ser ministro a la Fiscalía General del Estado o o incluso a la presidencia del Tribunal Supremo, me parece manifiestamente fuera de lugar y por ello habría que reformar la ley. Al menos debe establecerse esta limitación.

–¿Sería acertado que Delgado diese un paso atrás y renunciara a aceptar la Fiscalía General?

–No puedo decir si debe renunciar o no. Lo que planteamos es que lo más acertado sería que no fuese fiscal general, pero no me corresponde ni pido en absoluto su renuncia, en ningún caso. En todo caso, lo más acertado para la Fiscalía sería que Dolores Delgado diese un paso atrás, como hizo Manuel Marchena, del que jamás se podrá decir que haya actuado nunca por vinculaciones políticas: no ha estado en ningún Gobierno, no ha sido diputado ni participado en mítines a favor de un partido ni se le ha oído decir nunca nada en favor de uno u otro. Pero bastó con que alguien dijese algo –el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó– de que quizás en el futuro pudiera estar vinculado a lo que quisiera querer un partido político para que inmediatamente diese un paso atrás. Esa actuación me pareció un ejemplo y me gustaría que todo el mundo actuase así.

–¿Debería seguir entonces Delgado la misma actuación de Manual Marchena cuando recibió ese WashApp?

–A mi juicio, sí. Manuel Marchena lo hizo y creo que con exceso porque no estaba justificado, y en este caso hay razones objetivas para lo mismo, A mi juicio, debería seguir el ejemplo de Marchena.

-¿Puede existir un cambio en la postura de la Fiscalía sobre el “procés”?

-No lo sé. Lo único es que cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo y Manuel Marchena, de los mejores juristas que hay en este país, Manuel Marchena, han sostenido un determinado criterio basado en la Ley. Cualquier otro criterio basado en razones estríctamente jurídicas, que lleve a un cambio de postura lo entendería, pero si no fuese asi no lo entendería y llevaría a que mi preocupación sobre la vigencia del Estado de Derecho en España sea extrema.

–Cuando el Gobierno habla que «dará voz” a los catalanes, ¿se podría incluir en esa consulta el «derecho a decidir»?

–Si lo que se pretende con el “derecho a decidir” es buscar una fórmula nueva para aludir a la autodeterminación, que es lo que pretende, la posibilidad de secesión de una parte del territorio de un país democrático, cuando ese territorio tiene una representación, participación política y no es una colonia subyugada, pues esa autodeterminación no cabe de ninguna manera y eso es evidente. Y por ello se habla de “derecho a decidir” y ya hay pronunciamientos claros del TC que eso no tiene cabida en la Constitución, en la medida que sería necesario reformarla para incorporarlo, que, además, sería contradictorio con el principio de indisolubilidad de la unidad de la nación española. Por tanto, o hay “derecho a decidir” y la nación española es soluble o ésta es indisoluble y no cabe ese “derecho”. De esta forma, plantear esa pregunta a una parte del territorio que contradice la Constitución, es imposible. Lo que sí es posible es preguntar a todos los españoles si quieren modificar la Constitución para que la nación españole deje de sen indisoluble

-¿Qué supondría que el Parlamento europeo denegara levantar la inmunidad de Puigdemont y Comín?

-Desde luego, no una humillación de la Justicia española. La decisión de conceder o no el suplicatorio es una cuestión política del Parlamento europeo. No hay ninguna discusión jurídica con la Cámara europea. La decisión sería política y en absoluto descalificaría a los tribunales españoles. Sí plantearía un problema político y que afectaría al Reino de España en cuanto al trato que recibe del resto de países de la Unión, aunque no sea de todos. En todo caso, me parece impensable que el Parlamento europeo pudiese denegar esos suplicatorios, porque un suplicatorio cuando se trata de supuestos delitos cometidos antes de la adquisición de la condición de europarlamentario, denegarlo no tiene ningún sentido, ni jurídico ni político, Si ello ocurriese se propiciaría un grave daño a la institución parlamentaria, porque sería una utilización instrumental del Parlamenteo europeo para fines que no les son propios.