El Gobierno incumplió la ley del CPFF para privilegiar a Torra

El Gobierno incumplió el pasado viernes el Reglamento que rige el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para privilegiar a la enviada de Quim Torra, un segundo nivel de la Generalitat, en lugar del consejero de Economía, que era quien estaba obligado a asistir. La decisión ejecuta un nuevo desplante de Torra hacia la negociación multilateral autonómica, de la que se desentiende en su exigencia de una bilateralidad de Estado a Estado, al margen de las demás comunidades.

La Generalitat envió a este órgano, que reúne a los consejeros de Economía autonómicos, a la secretaria de Economía, Natalia Mas, en lugar de al vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía, Pere Aragonés. Y la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue saltarse la norma para responder al agravio simbólico de Torra con una nueva cesión, la de darle la palabra para que arengara a las demás comunidades sobre la infrafinanciación del sistema, unos 15.000 millones, según sus cálculos. El modelo de financiación en vigor lo condicionó ERC en 2009, como socio decisivo del tripartito que entonces dirigía el socialista Josep Montilla.

El Reglamento que rige el CPFF establece que sólo pueden tomar la palabra los consejeros autonómicos. El artículo 4 dictamina que, en caso de ausencia o enfermedad del mismo, deberá sustituirle otro consejero del Gobierno regional, y no otros niveles de la Administración. Ya es discutible la asistencia de la secretaria catalana, pero de lo que no hay duda es de que los consejeros sólo pueden ser sustituidos por otros consejeros, por lo que la enviada por Torra no debía posiblemente ni haber entrado en la reunión. Sólo está autorizada a acompañar al consejero. Y en ningún caso estaba habilitada para tomar la palabra.

Esta cesión se produce un día después de que Moncloa vistiera de largo la «agenda del reencuentro», más dinero y más competencias para Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se la ofreció el jueves a Torra para seguir moviendo el balón hacia adelante. Pero será irrelevante en la mesa bilateral de negociación en la que los independentistas, Torra y ERC, quieren hablar del «fin de la represión», de la amnistía y de la autodeterminación. Ninguna de las dos fuerzas secesionistas sobre las que gira la agenda pretende un debate autonómico, sino sobre cómo avanzar en el procedimiento para crear la república catalana. La única diferencia entre ERC y JxCat está en la cuestión de los tiempos.

Por eso la política de apaciguamiento del independentismo puede llegar a servir para que Sánchez apruebe sus Presupuestos y gane dos años de estabilidad, en un intercambio de favores en que cada parte consiga un beneficio. Pero a medio plazo puede ser muy lesiva para el modelo autonómico. De hecho, la guerra autonómica ya ha estallado, y por lo que se mueve en las sedes de distintos gobiernos regionales cabe intuir que la desjudicialización del «conflicto catalán» amenaza con provocar una «judicialización» en el resto del territorio contra decisiones del Gobierno central, lo que proyecta un futuro muy preocupante para la estabilidad.

La «reverencia» del Gobierno de España a Torra en el Palau de la Generalitat y los primeros pasos dados en política autonómica, con la reunión del pasado viernes del CPFF, han hecho que se extienda la sospecha entre los «barones» autonómicos, no sólo del PP, que lo que «pretenden es construir un concierto para Cataluña». Y avisan: «En la Constitución no está el concierto con ninguna comunidad salvo con el País Vasco».

La advertencia responde a la pregunta de si las comunidades tienen manera de frenar estos planes, en el caso de que intenten llevarse de verdad a cabo. Y apunta, de manera implícita, a los tribunales, a la vía a la que ya están llamando comunidades del PP y también alguna socialista, la veda la ha abierto Castilla-La Mancha, contra los incumplimientos en materia de financiación.

Una reforma urgente

La reforma de la financiación autonómica es urgente para la mayoría de las comunidades, a partir de un modelo aprobado en 2009 y en el que ERC ya fue determinante para moldearlo al gusto de Cataluña dentro del papel que entonces cumplía como soporte del PSC. La Generalitat exige un trato bilateral, y hay que resaltar la exigencia de ERC de un cupo al estilo del modelo foral del País Vasco o Navarra. Transitar este camino haría explosionar el equilibrio del sistema autonómico actual porque rompería el principio de solidaridad interterritorial y el «café para todos», al que ninguna comunidad puede en estos momentos renunciar por obligación con sus representados y por supervivencia electoral de quien está en el ejercicio del poder regional.

La desconfianza del resto de comunidades hacia los líderes independentistas es absoluta. Nadie se fía de ellos, de la Generalitat, después de las deslealtades acumuladas y, sobre todo, a partir del golpe independentista de 2017. Las comunidades gobernadas por el PSOE lo disimulan más que las del PP, en rebelión declarada sin tapujos, pero la realidad es que nadie está dispuesto a jugarse con ellos lo que les pertenece ni a dejar tampoco que sean ellos los que dirijan la negociación del modelo de financiación, desde dentro del CPFF o desde fuera.