España

Llarena insiste a la Fiscalía belga que el Supremo debe juzgar a Puigdemont

El MInisterio Público de Bélgica había solicitado «aclaración» Puigdemont, Ponsatí y Puig sólo tienen ya la esperanza de que la Sala de Apelacione revoque la decisión del instructor

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont
El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemontlarazon

El magistrado Pablo Llarena ha despejado a la Fiscalía de Bélgica, la que representa los intereses de España en ese país para intentar conseguir la entrega de Carles Puigdemont, que el Tribunal Supremo mantiene si competencia para investigar y juzgar al ex presidente catalán por su más que relevante en todo lo relacionado con la Declaración Unilateral de Independencia y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2018, así como en lo que afecta a los ex consejeros Clara Ponsatí y Lluis Puig .

Estas afirmaciones las realiza el instructor del «Procés» en una providencia dictada ante las dudas planteadas por la Fiscalía belga si el Supremo mantenía la competencia para investigar y juzgar a Puigdemont después de que éste hubiese tomado posesión de su escaño como eurodiputado a principios del pasado mes de enero y poco después hicieran lo propio Ponsatí y Puig.

En respuesta a la petición del Ministerio Público de Bélgica, el juez Llarena alude a que los propios afectados, es decir, Puigdemont, Ponsatí y Puig, ya habían planteado ante el Supremo esa misma cuestión, es decir, sostener que este tribunal había perdido su competencia desde el mismo momento en que tomaron posesión como eurodiputados electos en la Cámara europea.

Esta cuestión ya fue rechazada por el propio Llarena en el auto del pasado 10 de enero que resolvió los recursos de reforma de Antoni Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí contra el auto de 4 de noviembre de 2019 (en el que dictó las órdenes de detención que cuestionan). En estos momentos se está a la espera de la resolución que adopte la Ssla de Apelaciones del Tribunal Supremo.

En todo caso, y a expensas de lo que decidan los magistrados que forman esa Sala, Llarena deja claro a la Fiscalía que su decisión de reclamar a Puigdemont –es el que afecta a la Justicia de Bélgica– y mantener las órdenes dictadas contra el mismo es , «ejecutiva mientras no sea revocada», es decir, hasta tanto en cuanto no pueda ser anulada por la Sala de Apelaciones.

Además, recuerda que en ningún caso se ha cuestionado la competencia del Tribunal Supremo por ninguna de las salas de ésta y que, además, «contrariamente a lo que afirman, su tesis se enfrenta a todos los precedentes jurisprudenciales».

En este sentido, recuerda cómo los antecedentes seguidos en España contra eurodiputados de nuestro país siempre han determinado que «tienen en nuestro país el aforamiento al Tribunal Supremo que presentan también los diputados o senadores».

Por este motivo rechaza, precisamente, los motivos de las defensas, quienes esgrimían dos resoluciones del Supremo para rechazar la competencia de este tribunal para juzgar a eurodiputados. Al respecto, Llarena pone de evidencia se trata de casos diferentes, ya que los aludidos se referían a Silvio Berlusconi, cuando era investigado por la Audiencia Nacional y, a la vez, había sido elegido eurodiputado. En ese caso, afirma el magistrado instructor del «Procés» al respecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el propio Reglamento del Parlamento Europeo, «un europarlamentario por otro Estado (en aquel caso Italia) no tiene fuero especial para ser enjuiciado en España, sin perjuicio del que pueda tener en su país, si fuera reconocido para diputados italianos». Además, recuerda que en sendos autos dictados el 3 de febrero y el pasado día cuatro, volvió a afirmar la competencia del Tribunal Supremo con posterioridad a que Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí y Lluis Puig tomaron posesión de sus cargos como parlamentarios europeos.

El pasado tres de enero, Llarena acordó mantener la vigencia de las euroórdenes de detención y entrega dictadas contra el expresidente de la Generalitat y de su consejero Toni Comín, además de continuar la tramitación de las euroórdenes de detención y entrega. En esa misma resolución, pedía a Bélgica que dejase sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes hasta que el Parlamento Europeo decida sobre los suplicatorios. La Cámara europea todavía no se ha pronunciado al respecto y no está previsto una respuesta en un tiempo relativamente breve.