Aluvión de quejas de los presidentes autonómicos

Concebida como un foro para dar cohesión a España y para coordinar decisiones políticas entre regiones, la videoconferencia de presidentes autonómicos que Pedro Sánchez dirige semanalmente desde Moncloa se asemeja cada vez más, conforme avanza la desescalada, a una subasta. La propia naturaleza «asimétrica» de este proceso hace que las exigencias y necesidades de cada región sean distintas y, ayer, el presidente del Gobierno volvió a recibir un aluvión de quejas y reproches.

Sánchez trasladó a los jefes de los ejecutivos regionales que los datos de evolución de la epidemia son positivos y que, en ese sentido, esta circunstancia permite albergar la esperanza de que la próxima prórroga del estado de alarma sea la última. Les confirmó que el mando único quedará limitado a las competencias sanitarias así como algunas novedades de cara a la semana que arranca hoy: las poblaciones de menos de 10.000 habitantes se equipararán con las de menos de 5.000 y no tendrán franjas horarias para salir a la calle, se dará forma a una orden ministerial que regulará el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público y se publicarán los informes técnicos para el cambio de fase de cada región cuando el conjunto del país haya avanzado a una etapa.

El lendakari, Iñigo Urkullu, pidió a Sánchez la elaboración de «un nuevo marco legal» que permita abordar situaciones como la actual crisis sanitaria a través de fortalecimiento de la «cogobernanza». También invitó al presidente a «reconsiderar» cuestiones como las actuales franjas horarias de salida a la calle, la flexibilización de los aforos hasta el 50% en hostelería y en los eventos culturales así como favorecer la educación presencial. También en la necesidad de «profundizar en la codecisión» insistió el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que también enúmero en su intervención una decena de «retos» para su región, entre ellos, la urgencia de dar una «solución europea» a la crisis del sector turístico, la reapertura de las playas porque «no representan un peligro», la aprobación de una «ayuda potente» a la industria de la movilidad y el automóvil así como la reanudación de la actividad judicial. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, urgió a Sánchez a implantar la renta básica universal «ya» y aseguró que su gobierno no quiere «cogobernanza» pero sí «coordinación», de manera que cada administración gestione la crisis con todas sus competencias restablecidas. También subrayó la necesidad de poder disponer lo antes posible de los 4.000 millones de euros correspondientes al Fondo de Reconstrucción.

De entre las comunidades presididas por dirigentes del Partido Popular, las mayores críticas llegaron desde Madrid, especialmente porque Sánchez no contestó, según Isabel Díaz Ayuso, a las preguntas que le formuló al presidente. Centraron sus intervenciones en las exigencias y reclamaciones particulares de cada una de las comunidades, muy por encima de su rechazo a la nueva prórroga del estado de alarma que el presidente del Gobierno llevará al Congreso el miércoles. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidió más claridad a Moncloa a la hora de fijar los criterios de los 16.000 millones previstos para las autonomías y, al mismo tiempo, delimitar qué partidas se podrán considerar como «gasto Covid» y cuáles no. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también pidió cerrar «este mismo mes» los criterios para el reparto del fondo no reembolsable. También insistió en fijar un «criterio único» en materia de educación y de servicios sociales para las próximas semanas de desescalada así como en que el Estado «coordine» con las autonomías el ingreso mínimo vital. Feijóo agradeció al presidente «que tuviese en cuenta las peticiones de Galicia» para aclarar la política de las rebajas, para permitir la caza y la pesca deportivas y para abrir establecimientos de más de 400 metros cuadrados, aunque limitando la superficie a este máximo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sí criticó la prórroga del estado de alarma y llamó a Sánchez a buscar un instrumento alternativo: «Es oportuno y adecuado disponer de una situación intermedia, no es lo misma situación la de hace dos meses que la de ahora», destacó.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, exigió la realización de test masivos a todos los turistas que vayan a viajar a las islas antes de subir al avión para contribuir a la recuperación del sector turístico. Coincidió con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, en pedir una conferencia de presidentes monográfica sobre turismo, exigencia a la que accedió Sánchez. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, exigió establecer mecanismos de control para impedir que haya comunidades que traten de computar sus rebajas fiscales como pérdida de ingresos por la crisis del coronavirus, mientras que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, fue uno de los que hizo una defensa más encendida de la obligatoriedad de usar mascarillas más allá del transporte. Concebida como un foro para dar cohesión a España y para coordinar decisiones políticas entre regiones, la videoconferencia de presidentes autonómicos que Pedro Sánchez dirige semanalmente desde Moncloa se asemeja cada vez más, conforme avanza la

desescalada, a una subasta. La propia naturaleza «asimétrica» de este proceso hace que las exigencias y necesidades de cada región sean distintas y, ayer, el presidente del Gobierno volvió a recibir un aluvión de quejas y reproches.

Sánchez trasladó a los jefes de los ejecutivos regionales que los datos de evolución de la epidemia son positivos y que, en ese sentido, esta circunstancia permite albergar la esperanza de que la próxima prórroga del estado de alarma sea la última. Les confirmó que el mando único quedará limitado a las competencias sanitarias así como algunas novedades de cara a la semana que arranca hoy: las poblaciones de menos de 10.000 habitantes se equipararán con las de menos de 5.000 y no tendrán franjas horarias para salir a la calle, se dará forma a una orden ministerial que regulará el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público y se publicarán los informes técnicos para el cambio de fase de cada región cuando el conjunto del país haya avanzado a una etapa.

El lendakari, Iñigo Urkullu, pidió a Sánchez la elaboración de «un nuevo marco legal» que permita abordar situaciones como la actual crisis sanitaria a través de fortalecimiento de la «cogobernanza». También invitó al presidente a «reconsiderar» cuestiones como las actuales franjas horarias de salida a la calle, la flexibilización de los aforos hasta el 50% en hostelería y en los eventos culturales así como favorecer la educación presencial. También en la necesidad de «profundizar en la codecisión» insistió el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que también enúmero en su intervención una decena de «retos» para su región, entre ellos, la urgencia de dar una «solución europea» a la crisis del sector turístico, la reapertura de las playas porque «no representan un peligro», la aprobación de una «ayuda potente» a la industria de la movilidad y el automóvil así como la reanudación de la actividad judicial. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, urgió a Sánchez a implantar la renta básica universal «ya» y aseguró que su gobierno no quiere «cogobernanza» pero sí «coordinación», de manera que cada administración gestione la crisis con todas sus competencias restablecidas. También subrayó la necesidad de poder disponer lo antes posible de los 4.000 millones de euros correspondientes al Fondo de Reconstrucción.

De entre las comunidades presididas por dirigentes del Partido Popular, las mayores críticas llegaron desde Madrid, especialmente porque Sánchez no contestó, según Isabel Díaz Ayuso, a las preguntas que le formuló al presidente. Centraron sus intervenciones en las exigencias y reclamaciones particulares de cada una de las comunidades, muy por encima de su rechazo a la nueva prórroga del estado de alarma que el presidente del Gobierno llevará al Congreso el miércoles. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidió más claridad a Moncloa a la hora de fijar los criterios de los 16.000 millones previstos para las autonomías y, al mismo tiempo, delimitar qué partidas se podrán considerar como «gasto Covid» y cuáles no. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también pidió cerrar «este mismo mes» los criterios para el reparto del fondo no reembolsable. También insistió en fijar un «criterio único» en materia de educación y de servicios sociales para las próximas semanas de desescalada así como en que el Estado «coordine» con las autonomías el ingreso mínimo vital. Feijóo agradeció al presidente «que tuviese en cuenta las peticiones de Galicia» para aclarar la política de las rebajas, para permitir la caza y la pesca deportivas y para abrir establecimientos de más de 400 metros cuadrados, aunque limitando la superficie a este máximo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sí criticó la prórroga del estado de alarma y llamó a Sánchez a buscar un instrumento alternativo: «Es oportuno y adecuado disponer de una situación intermedia, no es lo misma situación la de hace dos meses que la de ahora», destacó.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, exigió la realización de test masivos a todos los turistas que vayan a viajar a las islas antes de subir al avión para contribuir a la recuperación del sector turístico. Coincidió con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, en pedir una conferencia de presidentes monográfica sobre turismo, exigencia a la que accedió Sánchez. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, exigió establecer mecanismos de control para impedir que haya comunidades que traten de computar sus rebajas fiscales como pérdida de ingresos por la crisis del coronavirus, mientras que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, fue uno de los que hizo una defensa más encendida de la obligatoriedad de usar mascarillas más allá del transporte.