El PP asume que la Unión Europea pedirá que apoye los Presupuestos

La primera prueba de fuego para examinar la viabilidad de la coalición de gobierno llegará con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. El texto tiene que entrar en el Congreso de los Diputados antes del 30 de septiembre. Y es más que previsible que para esa fecha la Comisión Europea haya empezado a marcar una parte de la condicionalidad de las ayudas europeas.

Esto obligará al PSOE a renunciar expresamente a algunos de los acuerdos de legislatura, a pesar de que hasta ahora nieguen que el pacto con Podemos se lo ha llevado por delante la pandemia. En este escenario la probable candidatura de Nadia Calviño a la Presidencia del Eurogrupo, que debe anunciarse en los próximos días y votarse a primeros de julio, tendrá un importante efecto político en España, incluso también en las alianzas y en la estrategia de oposición del PP.

Ciudadanos ya ha empezado el acercamiento al Gobierno sobre la exigencia de dejar a un lado el programa de Podemos para ajustarse a la realidad económica y social del país. Los movimientos en Europa han reforzado a Calviño, y el respaldo del presidente del Gobierno ha confirmado que el peso de la Vicepresidencia económica se impone sobre el del resto del gabinete.

De hecho, el pulso que hasta ahora Calviño había mantenido con los ministros de Podemos dentro del Gobierno de coalición se inclinará en los próximos meses a favor de la Vicepresidencia Económica, más coherente con la ortodoxia que impone la Unión Europea. El «escudo social» ha tenido un primer impacto, obligado por la necesidad de sostener la crisis social, el empleo y la situación de las familias, y ahí el vicepresidente, Pablo Iglesias, ha tenido espacio para apuntarse sus «medallas».

Pero la preparación de los PGE de la Reconstrucción son palabras mayores. El déficit disparado de España, unido a la condicionalidad que establezca la Comisión Europea, lleva a que en Moncloa hayan asumido que tendrán que ampliar sus alianzas parlamentarias y no mirar solo hacia la izquierda. Y la figura de Calviño, si impone su criterio, limita también el margen del principal partido de la oposición para mantenerse en el «no» a las medidas del Gobierno.

De la misma manera que el PP ha tenido que optar por la vía de la negociación en el decreto de la nueva normalidad, renunciando al «no», la recomposición del tablero político lleva a que desde las baronías del PP anticipen también que el partido está obligado a negociar y a llegar a acuerdos económicos con el Gobierno, aunque sean coyunturales. El «no» como posición inamovible puede tener más coste que beneficio cuando la duración de la legislatura está en manos de Sánchez, y la intención del líder socialista es aguantarla incluso aunque Podemos rompiese la coalición por desavenencias en la gestión de la crisis económica y social. «Hay que tener cuidado de no quemar las naves antes de tiempo».

En el Gobierno se han tomado muy en serio la advertencia del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) porque hasta la fecha, y en tanto no se liberen los fondos europeos, las únicas inyecciones que llegan a España es a través de la entidad emisora europea. Hasta las políticas incluidas en el «escudo social», y algunas de ellas impulsadas por Podemos, dependen de la fluidez del BCE y de las entidades financieras. Bruselas quiere estabilidad, acuerdos nacionales y respeto a la ortodoxia comunitaria, unas necesidades que Sánchez puede cubrir mejor de la mano del PP y de Ciudadanos que de ERC y Podemos.

Por encima de la política se imponen otras urgencias económicas como la necesidad de buscar un paraguas financiero para extender los ERTE en los sectores más castigados más allá del mes de septiembre. De lo contrario, la destrucción de empleo puede llegar a cotas más altas que las que se alcanzaron en la anterior crisis financiera.

Este jueves se reúne telemáticamente el Consejo Europeo con muy pocas posibilidades de que salgan adelante los acuerdos esbozados. En la agenda está el Presupuesto plurianual y el Fondo de Reconstrucción de 750.000 millones. De momento, el Gobierno validará nuevamente su capacidad de persuasión en la votación del decreto de la nueva normalidad.

Pactado con Ciudadanos y con el PNV, en campaña, la negociación está abierta con el PP y con ERC. Dirigentes autonómicos del PP defienden que se busque el acuerdo, siguiendo el modelo de Cs, y sin renunciar a la crítica al Gobierno.