Cuando Rivera exigía la salida de los imputados

Hubo un tiempo en el que Ciudadanos se acogía a la bandera de la regeneración y contra la corrupción para negociar con cualquier partido un acuerdo de gobierno o para facilitar una investidura. Este era el mantra que la formación que entonces dirigía Albert Rivera presentaba como aval para exhibirse ante la ciudadanía como un partido completamente «limpio» que obligaba a los partidos de la «vieja política» a la renovación de sus cargos si estos se encontraban investigados por la Justicia.

En la actualidad, tras la imputación de Podemos por la Justicia, la formación liberal todavía no ha puesto esta línea roja al Gobierno para abordar la inminente negociación de los Presupuestos Generales del Estado.Sí ha pedido que el propio vicepresidente del Gobierno explique en el Congreso de los Diputados la presunta financiación irregular que investiga el juzgado de Madrid y una misma cita en la Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción.

Fue en el año 2015, al lograr el partido representación en varias comunidades autónomas, cuando redactó un acuerdo basado en premisas «innegociables» sin las cuales no daría apoyo a otros partidos para formar gobierno. En ese documento se incluía «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Sumaban también la exigencia de aparatar de cualquier cargo público o de partido «a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica». Así como la «responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos».

Bajo esa posición firme, los naranjas lograron la dimisión del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, sobre el que no pesaba imputación pero estaba acusado de la construcción ilegal de un chalet. En Madrid, facilitaron la investidura de la popular Cristina Cifuentes tras la firma de un pacto anticorrucpión. Lo propio ocurría en Castilla y León donde fue imprescindible el refrendo de este pacto para la investidura de Juan Vicente Herrera.

Un año más tarde, en 2016, tras las elecciones fallidas del año anterior, Ciudadanos repetía este modo de proceder al exigir al Partido Popular de Mariano Rajoy que firmase un paquete de condiciones de regeneración para obtener su voto favorable y así facilitar su investidura. Sus condiciones de «regeneración democrática y contra la corrupción» debían ponerse en marcha en los seis primeros meses de gobierno.

En 2017, los de Albert Rivera repetían el mismo camino y amenazaban, de hecho, con levantarse de la mesa de cualquier negociación con el resto de fuerzas políticas si las praxis de corrupción no cesaban. Tras la imputación del ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de fraude contra la Administración Pública, prevaricación y malversación de caudales, entre otros, Ciudadanos ofreció una alternativa al PP regional para no apoyar la moción de censura impulsada por el PSOE murciano: la dimisión del presidente popular. Una negociación regional que acabó librándose en el escenario nacional

En Andalucía, el partido de Albert Rivera alcanzó en 2016 un acuerdo de investidura con el PSOE de Susana Díaz bajo la misma premisa. Finalmente fue tan solo un pacto verbal y ambos partidos se comprometieron a acuerdos globales en el ámbito de la transparencia y regeneración democrática. Ciudadanos rompió el pacto en 2019 por incumplimiento.

Hasta ahora, la formación no ha seguido la misma estela y se abre de hecho a sentarse con Moncloa e incluso ya ha exigido un borrador de los PGE.