Cuatro ex presidentes de Gobierno apoyan a Martín Villa en la causa argentina por crímenes franquistas entre 1976 y 1978

La juez Servini tiene previsto tomarle declaración el jueves desde el consulado en Madrid

Los ex presidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy –además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CC OO– han escrito cartas en apoyo del ex ministro Rodolfo Martín Villa que han sido aportados a la causa por crímenes franquistas entre 1976 y 1978 que investiga la juez argentina María Servini.

Hace dos años, la película documental “El silencio de otros” recogía el drama de quienes aún buscan en las cunetas los restos de sus familiares muertos durante la Guerra Civil, o piden justicia para los damnificados por el régimen franquista durante la Transición. Después de fracasar con la justicia española, recurrieron a los tribunales argentinos, y Servini, que se ha ocupado de algunos de los casos más delicados en la historia reciente de Argentina, se hizo cargo de una batalla legal basada en los crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo durante el régimen franquista. Según Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), abarcan “desde el robo de recién nacidos, tortura y ejecuciones extrajudiciales”, que “quedaron impunes gracias a la Ley de Amnistía promulgada en 1977”.

En 2014, la juez María Servini ordenó detener a Martín Villa para determinar sus posibles responsabilidades en presuntos crímenes cometidos en su etapa al frente del Ministerio del Interior, como la matanza del 3 de marzo de 1976 en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

El ex ministro está acusado de delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad. Es el único de los veinte imputados –seis altos cargos del franquismo, como el ex ministro José Utrera-Molina, y 13 personas más (policías y jueces) que han ido falleciendo– dispuesto a declarar en la querella argentina que no ha podido hacerlo hasta ahora, bien porque su detención fue impedida por el Gobierno de Mariano Rajoy o porque la Audiencia Nacional española decidió en 2018 que no debía declarar ante la justicia argentina, porque sus presuntos delitos ya habían prescrito o quedaban cubiertos por la Ley de Amnistía de 1977. Martín Villa, de 85 años, ya había comprado el billete de avión para comparecer ante la juez Servini en diciembre pasado. Según ha declarado, se siente tranquilo y dispuesto a explicar las circunstancias en que desarrolló su tarea como ministro del Interior en unos años de grandes tensiones y tumultos.

El último intento de Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis de la Covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.

Finalmente, la juez tiene previsto interrogar a Rodolfo Martín Villa de forma telemática desde Argentina este jueves, por lo que el ex ministro ha sido citado a las 16:00 horas en la sede del consulado del país andino en Madrid.

Para los querellantes, los documentos aportados por la defensa de Martín Villa a la causa, en los que se alaba la figura del ex mandatario durante la Transición española, constituyen una injerencia y un “intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la juez Servini, inaceptable desde el punto de vista jurídico-procesal y también democrático”, informa Ep.

Los testimonios y manifestaciones, a título individual, han sido realizadas además de por los cuatro ex presidentes, por las siguientes figuras políticas y sindicales: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ex Diputado de UCD, de Alianza Popular y del Partido Popular; Miquel Roca Junyent, ex diputado de Convergencia i Unió (ambos padres de la Constitución); Enrique Krauss, ex presidente del Partido Democristiano y ex Ministro del Interior de Chile durante el mandato de Patricio Aylwin.; y por Jaime Gama, ex ministro de Administración Interna (Interior) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Portugal.

Completan la lista los ex secretarios generales de UGT Nicolás Redondo Urbieta y Cándido Méndez Rodríguez; a los que se suman los ex secretarios generales de CC OO Antonio Gutiérrez Vergara y José María Fidalgo.

También han enviados su carta de apoyo al ex ministro investigado en Argentina Eduardo Serra Rexach, ex ministro de Defensa durante el primer Gobierno de José María Aznar; Rafael Arias-Salgado Montalvo, ex ministro de UCD en el Gobierno de Adolfo Suárez y ex ministro del Partido Popular en el Gobierno de José María Aznar; Juan Van Halen Acedo, miembro del Sindicato Español Universitario (SEU) y ex senador del Partido Popular; Jesús Romero Trillo, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid; Josep Borrell, ex ministro en los gobiernos de Felipe González y Pedro Sánchez; Jaime Ignacio del Burgo, ex senador de UCD y del Partido Popular y Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el primero Gobierno de Adolfo Suárez.

Los diferentes testimonios aportados por quienes apoyan al ex ministro entre 1976 y 1979 alaban la labor política desarrollada durante la Transición como “hacedor de consensos” por Rodolfo Martín Villa.

Desde Ceaqua, que representa al colectivo de víctimas que ejerce la acusación en este procedimiento, se ha señalado en un comunicado que los testimonios constituyen una injerencia más en una causa que según denuncian ha sido en todo momento obstaculizada por las autoridades españolas, pese a que en ella se acumulan ya más de mil denunciantes.

Recientemente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dejó sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, de septiembre de 2016, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina, con el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional.

Justicia universal

María Servini investiga desde hace diez años algunos de los crímenes del franquismo basándose en el principio de justicia universal que ya había utilizado el entonces juez español Baltasar Garzón para forzar la detención en Londres durante año y medio del ex dictador chileno Augusto Pinochet, y por el que también se juzgó a militares golpistas argentinos.