Reforma de la rebelión y la sedición

El 16 de mayo de 2018, el líder de Units per Avançar, Ramón Espadaler, partido que se presentó coaligado con el PSC en las autonómicas de 2017, remitió un documento al entonces secretario general del PSOE y líder de la oposición, Pedro Sánchez. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, conocía este documento, pero el PSC no lo firmó. La autoría correspondió únicamente a esta formación inspirada en el catalanismo integrador, que se considera heredera de las tradiciones humanistas cristianas «que ha garantizado la igualdad de oportunidades y la libertad de creencias» y socialdemócratas europeas «capaces de compaginar el estado del bienestar con el progreso económico», como dijo Albert Batlle, el regidor de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona en el último Consell Nacional de la formación.

Pedro Sánchez seguramente no pudo leer el documento. En aquellos días, los acontecimientos se desarrollaban a velocidad de vértigo. El PSOE había presentado una moción de censura. El 1 de junio, Sánchez fue elegido presidente del Gobierno de España. Sobre su mesa, numerosos temas. Y un documento, un «Pacto de Estado entre Cataluña y España» que le había enviado un partido catalán, alejado del independentismo y que representa según se definen sus líderes como «el catalanismo centrado, cívico, dialogante, moderno y de progreso». En definitiva, representantes del catalanismo integrador, más cercano al «seny» que a la «rauxa», las dos formas de medir el carácter catalán.

El documento de 17 páginas proponía acuerdos en materia de financiación; el reconocimiento de Cataluña como nación, dentro de España, pero con sus singularidades; el blindaje de competencias; y un nuevo Estatuto. Nada fuera del guion de las tradicionales reivindicaciones del catalanismo que quiere intervenir en la política española «con lealtad y compromiso de ambas partes», en palabras de Batlle para que «Cataluña sea escuchada, para influir y para ser decisivos» en la política española.

En el documento, un punto sorpresa. Una petición novedosa que expresaba la voluntad de superar el conflicto que había partido en dos a Cataluña. Units per Avançar proponía, nada más y nada menos, la reforma del Código Penal para «cambiar la tipificación del delito de rebelión y sedición» con el objetivo de dar «instrumentos al juez para interpretar lo que es violencia y lo que no». En la rueda de prensa, que realizó Ramón Espadaler para presentar el documento justificó esta petición porque los artículos que tratan estos delitos «están escritos en el siglo XIX y tienen poco que ver con la sedición y la rebelión del siglo XXI». El debate judicial de la sentencia se fraguó en este punto y un año después, octubre del 2019 el Tribunal Supremo condenó a los presos aplicando el delito de sedición. Espadaler también insistió mucho que el actual redactado tenía poco que ver con la visión de estos delitos en Europa.

No sabremos nunca si Pedro Sánchez leyó el documento, pero los hechos parecen indicar que sí. El 21 de enero de 2020, un año y dos elecciones después, el presidente del Gobierno afirmó en una entrevista en TVE «no tenemos delitos homologables a lo que ocurre en otros países europeos» porque tenemos un «Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España». Lo hizo tras la sentencia del «procés» y tras los varapalos de la justicia europea a los requerimientos de la española, que una y otra vez acababa viendo como sus argumentos eran tumbados.

El artículo 544 del Código Penal define que «son reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes». Y el Gobierno está dispuesto a modificarlo en el actual curso político. El presidente Sánchez lo corroboró el pasado día 9. Se presentará la modificación del Código Penal en este curso político porque «hemos de ser empáticos, sensibles y mirar a Europa», además de lanzar un «gesto de distención al independentismo».

Un año después de la sentencia, esta modificación legal no solamente puede ser bien acogida por Units, la impulsora de la idea, sino también por el PSC y ERC, y contar con el apoyo en el hemiciclo de BNG, PNV, Compromís y los cuatro diputados del PDeCAT. O sea, Sánchez cuenta con una mayoría suficiente para realizar la modificación.

La idea inicial de Units per Avançar de lanzar un gesto de distensión al independentismo menos irredento, mejorar las condiciones de convivencia y hacer compatible la legislación española con la europea modernizando unos conceptos que huelen a viejuno. Sánchez ha hecho suya la idea de la reforma del Código Penal. En Units no descartan que el presidente del Gobierno vaya más allá con el «desarrollo del artículo 2 de la Constitución, no su reforma porque en este campo habría más dificultades», para presentar una «oferta para Cataluña que sea aceptada por la mayoría».