Vocales “progresistas” tratan de bloquear los nombramientos de Lesmes

El pasado día 5, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, ya anunció en su discurso de apertura del año judicial que el órgano que preside volvería a la senda habitual de las funciones que tiene encomendadas y que no iba a existir dejación. Entre esas funciones está la designación de los magistrados para ocupar las vacantes existentes, bien por expiración de mandato, jubilaciones o derivadas de sanciones disciplinarias. Un aviso a los partidos de que la época de «paralizar» los nombramientos de altos cargos judiciales, ante el conocimiento de negociaciones formales entre PSOE y PP de cara a renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, era agua pasada. Todo dependerá de que se alcancen las mayorías necesarias, pero en ningún caso porque así se decida a la espera de ese acuerdo político, pese a que en esta ocasión sí tenía el convencimiento de que habría renovación.

El día 13, LA RAZÓN adelantó que el CGPJ retomaría, en el Pleno del miércoles, los nombramientos principales –desde hace casi un año no realiza ninguno, algo que, en palabras de uno de los vocales es «lamentable»–, entre los que destacan tres plazas de magistrados para la Sala Penal del Supremo, las presidencias de las salas de lo Contencioso-Administrativo, Civil, Social y Militar del Supremo, o la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El orden del día no está fijado –es potestad del presidente–, pero en el Consejo dan por hecho que se incluirán esos nombramientos. Para esas vacantes se exige contar con al menos el respaldo de 13 de los 21 vocales, por lo que se hace imprescindible un acuerdo entre los dos grupos o entre la mayoría de cada uno. La Sala del Supremo encargada de investigar y juzgar a los aforados está ahora mismo con un 25% menos de los magistrados que debería; vacante que en un caso llevan ya un año sin cubrir, en octubre haría lo mismo la segunda y en diciembre, la tercera.

No será fácil llegar a un consenso para esas vacantes y, pese a que ha habido reuniones «más o menos formales» entre «representantes» de ambos grupos, lo cierto es que, como reconoce uno de los vocales conocedores de esa reuniones, «no se ha cerrado un acuerdo, aunque somos optimistas de que se pueda alcanzar, si no para todas las plazas, al menos para la mayoría».

Los principales escollos estarían en el sector del denominado «grupo progresista» más afín al Gobierno, quienes no están muy por la labor de que este Consejo «en funciones» realice estos nombramientos –la misma tesis que defendió, por ejemplo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo– y dejarlo para el siguiente, algo que en estos momentos es difícil de aventurar cuándo sucederá. Sin embargo, también hay vocales de este grupo que entiende que se podrán realizar esos nombramientos «si se logra un buen acuerdo para todos».

En el «grupo conservador», la inmensa mayoría sí apoya la designación de titulares para esas plazas, sobre todo porque «el Consejo sigue en plenitud y no puede hacer dejación de sus funciones».

Las vacantes por jubilación de los magistrados de la Sala Penal del Supremo Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde son las que presentan a priori un mayor escollo para lograr ese consenso, aunque se confía en lograrlo. Para cada una de ellas hay más de una docena de candidatos, aunque prácticamente los nombres son los mismos. En un primer momento, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata –quien desempeñó un alto cargo en Justicia cuando Juan Carlos Campo era Secretario de Estado– quedó fuera de los candidatos aprobados inicialmente por la Comisión Permanente del CGPJ. Pero fueron dos vocales «conservadores», Carmen Llombart y Rafael Fernández Valverde, quienes presentaron oficialmente la propuesta de que figurase entre esos candidatos, al entender que reúne los méritos; al igual que el vocal José María Macías hizo lo propio con la también magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, quien, como De la Mata, se había quedado fuera de esa primera selección.

Magistrados bien posicionados

Sin embargo, no parece que ninguno de ellos tenga muchas opciones de lograr esa mayoría que se requiere para acceder a la Sala Penal del Supremo. Pese a que «todo es posible hasta el momento de la votación», la quiniela de los que más posibilidades tienen queda reducida a cinco nombres: Jesús María Barrientos, Javier Hernández García, Ángel Hurtado, Concepción Espejel y Lorenzo del Río. Barrientos es el actual presidente del TSJ de Cataluña y puede ser el «hombre de consenso», aunque tiene el handicap de que «dejaría un hueco muy complicado para cubrir». En todo caso, su nombre está «muy bien posicionado».

Hernández García, destinado en la sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña, es el «preferido» por la mayoría de los «progresistas» y contaría con el aval del grupo «conservador».

Los «conservadores», por su parte, están más divididos. Buena parte de esos vocales parecen inclinarse por Hurtado, «pero también hay quien respalda a Espejel». Ambos están destinados en la Sala de lo Penal de la Audiencia. Hurtado emitió un voto particular discrepante en la sentencia del «caso Gürtel» por las referencias a la «caja B» del PP cuando esa pieza no se ha juzgado todavía; mientras que Espejel fue vocal del CGPJ y tiene en su contra el «estigma» de que se estimó su recusación para todo lo relacionado con «Gürtel», en una decisión que dividió en dos a la Sala Penal de la Audiencia y que no pocos critican ahora.

El último en discordia sería Lorenzo del Río, destinado en la Sala Civil del TSJ de Andalucía. También sería un nombramiento de «consenso» y por tanto se debatiría entre él y Barrientos. Y junto a ello, las presidencias de cuatro salas del Supremo. El tiempo de la parálisis del CGPJ en nombramientos parece que ha pasado. No esperará más un acuerdo político imprevisible de determinar cuándo se producirá y que llevará a la renovación de este órgano.