Sánchez burla los controles para la reforma del CGPJ

El Gobierno se apoyará en la mayoría «Frankenstein» para renovar rápido, sin el PP y sin informes jurídicos adversos la composición del órgano de gobierno de los jueces

El Gobierno maniobra para evitar que el bloqueo que ha impuesto el PP sobre los órganos constitucionales pendientes de renovación siga vigente en lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y lo hace, cambiando las reglas del juego, por la vía rápida y por la puerta de atrás, logrando sortear los controles jurídicos y el del principal partido de la oposición, cuyos votos serán innecesarios para ello, en caso de prosperar la medida. La artimaña jurídica está en el instrumento elegido para promover la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En lugar de presentar un proyecto de ley que emane del Consejo de Ministros, el Gobierno ha optado por que sean los grupos parlamentarios que sostienen el Ejecutivo de coalición (PSOE y Unidas Podemos) quienes impulsen una proposición de ley en el Congreso para avanzar en la modificación de la LOPJ. Las principales diferencias entre ambas iniciativas son que la proposición elegida para renovar el órgano de gobierno de los jueces es más ágil –podría estar lista la reforma antes de que acabe el año, según fuentes socialistas– y permite esquivar la obligación de recabar informes –preceptivos, pero no vinculantes– del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. De esta manera, no solo se imprime celeridad al trámite, sino que se evita que alguno de esto órganos emitiera una resolución discrepante con la modificación que planea el Ejecutivo.

Este paso es clave porque existen fundadas dudas de la constitucionalidad de la reforma. Así lo señalan desde las principales asociaciones de jueces que han expresado su disconformidad tanto en el fondo como en la forma de la modificación, que consideran «un duro golpe a la separación de poderes. En declaraciones a LA RAZÓN, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, lo define gráficamente: «Supone pegarse un tiro en el pie en lo que supone reforzar el Estado de Derecho».

De este modo, el Gobierno descarga la responsabilidad hacia el Congreso de los Diputados, sin asumir Moncloa el desgaste político de la polémica medida. En el Ejecutivo son conscientes de que les dan los números para sacarla adelante en la Cámara, lo que deriva en una responsabilidad colegiada. Con la calculadora en la mano, fuentes gubernamentales cuentan con 188 diputados favorables a promover el cambio, los mismos que el pasado 27 de septiembre rubricaron una misiva en la que emplazaban al principal partido de la oposición «a renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado». La misma mayoría ampliada que promovió la moción de censura a Mariano Rajoy. No están, por tanto, entre los firmantes ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, que ayer se mostraron muy duros con esta decisión del Ejecutivo y tanto la formación de Pablo Casado como la de Santiago Abascal anunciaron sendos recursos de inconstitucionalidad.

El propio Tribunal Constitucional ya sentó doctrina en este sentido en 1986, cuando ratificó la mayoría de tres quintos para elegir a los miembros del CGPJ como una salvaguarda de su independencia del poder ejecutivo. En concreto, la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos presentaron ayer lo que pretende es rebajar el umbral de 210 diputados (3/5 de la Cámara) para la renovación del CGPJ hasta la mayoría absoluta (176 votos) para evitar que los votos y los vetos del PP sean decisivos y lo bloqueen. Este cambio operaría solo para 12 de los 20 miembros, los procedentes de las categorías judiciales, si no hubiera una mayoría reforzada en la primera votación. Por el contrario, los ocho miembros restantes, sí se mantendrían en base al criterio de los tres quintos, al aparecer este mecanismo recogido en la Constitución. Lo que podría suponer que solo se acabase renovando una parte del CGPJ.

Concretamente, el artículo 122.3 de la misma establece que «el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». El argumento con el que trabaja Moncloa y que aparece en la exposición de motivos de la proposición de ley es que la Constitución no determina la mayoría que debe operar para la elección de los citados 12 miembros. Aluden a que «no se constitucionalizó una fórmula correcta», sino que "los constituyentes se limitaron a remitirse a una futura Ley Orgánica», la que se quiere cambiar.

Además de modificar el sistema de elección, el Gobierno también quiere limitar las facultades del CGPJ mientras esté en funciones. Una interinidad en la que ya lleva instalado dos años por el bloqueo político. En Moncloa consideran que existe una «laguna jurídica» sobre esta cuestión, que debe ser corregida de manera que, por ejemplo, queden excluidas del ámbito competencia del Consejo cuando este se encuentre en funciones las facultades de realizar nombramientos, como se promovieron hace dos semanas.